A la vista de lo que pasa, y la frecuencia con que ocurre, no deberá extrañarle a la conselleira Mato que su sobre el papel buen gesto de pedir que se investiguen el probable nuevo caso de fraude -esta vez en Lalín- en los cursos de formación suene insuficiente. Y no tanto porque se dude de su sinceridad cuanto porque parezca insuficiente. Por eso quizá la jueza ha reclamado de la Xunta datos concretos sobre el total de las adjudicaciones.
Así las cosas, el Gobierno gallego debe entender que no es bastante con plantear que se investiguen presuntos escándalos que afectan a su área de competencias cuando el hecho que provoca la pesquisa es, precisa y supuestamente, un defecto de control en el procedimiento. Por eso hay que averiguar, además de si hay fraude, quién falló en la tarea de impedirlo y dónde se produjo el fallo. Lo que significa buscar en la propia Consellería.
Esto que se expone, que no es una denuncia sino una opinión, incide en un segmento de las competencias de Traballo, especialmente cuestionado por la repetición de casos sospechosos de corrupción. Algo que, como es público y notorio, no afecta sólo a la comunidad gallega -que en comparación con otras ocupa un lugar secundario en el ránking de corruptelas-, pero que en ningún caso resulta una excusa y menos todavía un consuelo.
Es por eso, por la aparente extensión del problema, por lo que procede insistir en una doble línea argumental. La primera se refiere a la financiación de los sindicatos y las patronales, que está en buena parte de los casos de golfería de los cursos. Una financiación que tal como están las cosas es muy discutible y debería suprimirse; habilitar otra diferente es opinable, y probablemente con mayoría en contrario.
La segunda apunta a la que, en todo caso y con fraude o sin él, es obvia necesidad de que los cursos que se imparten -con cargo a fondos públicos- se confíen a los cauces educativos establecidos por la lógica docente; es decir, a la Formación Profesional. Es probable que se necesite articular nuevas ranas, pero sería siempre mejor para todos, especialmente para los que reciban esos cursos.
La seriedad de la cuestión lleva a prescindir de consideraciones que pudieran prestarse a una mala interpretación. Pero que unas cuantas han estado y están en la mente de los responsables lo demuestra que se haya puesto en marcha alguna corrección en lo que a financiaciones respecta mediante la reducción de subvenciones a patronal y sindicatos para que hagan lo que stricto sensu les resulta propio. Y como en esto de reformar -bien- todo es empezar, pues ojalá que sigan.
¿No...?
