El concello de Vigo ha aprobado finalmente los presupuestos con el voto a favor de los 11 concejales del PSOE, la fuerza que gobierna en solitario la ciudad, y los 13 del PP, el principal partido de la oposición. Votaron en contra los tres concejales del Bloque, formación que en los últimos seis años había aprobado los presupuestos con los socialistas, con quienes incluso gobernó en coalición en el primer mandato de Abel Caballero.

Son 228 millones de euros que tendrán que ejecutarse en la mitad de tiempo habitual, puesto que los trámites legales para rematar la aprobación de los Presupuestos y su entrada efectiva en vigor probablemente no estarán concluidos hasta el próximo mes de junio.

La inmensa mayoría de la cantidad aprobada figura comprometida, por estar asignada a gastos corrientes como los sueldos de los funcionarios, los gastos de las sociedades, entidades u organismos dependientes del consistorio, los servicios contratados, los pagos plurianuales, etcétera, etcétera. Al margen de ésas, entre las partidas más relevantes figuran 12 millones para inversiones, 5 para fomento del empleo, 2 para planes sociales, 1,8 para becas de comedor y 700.000 euros para becas de inglés en el extranjero. En los Presupuestos figura también el compromiso para bajar los impuestos municipales el próximo año.

El pacto de socialistas y populares es eso, un acuerdo para aprobar y ejecutar los Presupuestos de este año. Pero durante las negociaciones se pusieron sobre la mesa, de manera más o menos oficial, de forma más o menos explícita, cuestiones que afectan a asuntos relevantes para la ciudad, y que parecen haber quedado mejor encauzadas de lo que estaban. La implantación del transporte metropolitano, las acometidas de luz y agua al nuevo hospital y de la Ciudad de la Justicia son los más relevantes.

Los Presupuestos son el documento anual más importante de cualquier administración, leyes específicas aparte. Tan importantes son, que su aprobación es uno de los baremos para calibrar la capacidad de continuar o no de los responsables de sacarlos adelante. Y es lógico que así sea, pues se trata de poner negro sobre blanco, departamento a departamento y partida a partida cómo se va a gastar el dinero que de una u otra manera le entregan los ciudadanos.

Pese a su enorme relevancia, una administración puede gobernar prorrogando los Presupuestos del año anterior, y Vigo tiene abundante experiencia al respecto, al igual que otros muchos concellos, pero lo lógico y conveniente es adaptar las cuentas a la realidad de cada año, y más en tiempos como los que estamos viviendo.

Y también cabe que una formación política rechace unos Presupuestos, faltaría más. Puede no estar de acuerdo con las prioridades, los criterios de reparto o la forma de ejecutarlos, por citar solo tres razones posibles. Tenemos ejemplos casi a diario. Sin ir más lejos, los tres concejales del Bloque que han rechazado los de Vigo, argumentando algunas de esas razones. Puede incluso rechazarlo una formación por mera estrategia partidista, algo también legítimo y explicable.

En cambio, lo que resulta más difícil de explicar es que desde ámbitos ajenos a la política no solo se rechace sin más un pacto presupuestario, un consenso, sino que a la vista de todos se intente desesperadamente torpedearlo, hacerlo imposible. Especialmente inexplicable si quienes así actúan tienen a gala reclamar a diario a las fuerzas políticas que dejen de pelearse y alcancen acuerdos útiles para solventar problemas de los ciudadanos.

Curiosamente, es de ahí de donde Vigo puede extraer una segunda gran lección de este pacto. Porque si la primera es la comprobación del más que ostensible respaldo social que reciben los políticos cuando actúan con sentido común, la segunda es la constatación de la impostura con que determinados círculos de poder de Galicia abordan las más de las veces los asuntos de Vigo. Que los mismos que gustan de dibujarla como una ciudad ingobernable y refractaria a cualquier entendimiento que refuerce posiciones de ciudad exhiban ahora un incontrolado y furibundo desagrado por el pacto alcanzado resulta sumamente revelador. Algo sabido por la mayoría se ha hecho ahora evidente para todos.

Porque, por más que se empeñen, lo importante del pacto no es si beneficia a Abel Caballero o a Chema Figueroa, sino si beneficia a la ciudad. Y sobre esto último muy pocos albergan duda alguna. Otra cosa es reparar en las razones que han movido a unos y otros al acueerdo. Si el primero ha pactado para disponer de presupuesto fresco en año preelectoral o a los segundos les urgía dar, con una argumentación plausible, un giro radical a una política contumaz que amenazaba con evidenciar crudamente todas sus inconveniencias el próximo día 25, por citar solo dos posibles razones.

El tiempo, y el devenir de unos y otros, desvelarán sin duda su verdadera motivación. Pero, sean los motivos que sean, para la ciudad resulta objetivamente positivo contar con unos Presupuestos aprobados por más del 90% de los concejales que componen la corporación y respaldados ampliamente en los más variados ámbitos sociales.

Además, muy probablemente estemos ante un acuerdo, una forma de entender y practicar la política inscrito en una lógica de los tiempos que apunta inexorablemente a aplicar criterios similares en otras instancia y otros marcos más generales y de mayor trascendencia. Y quizá no haya que esperar mucho para comprobarlo.