Pescanova vuelve a estar en la encrucijada. Justo al año de estallar el escándalo de su fraudulenta gestión y cuando su futuro parecía encarrilado, reaparece la amenaza de liquidación. En esta ocasión por las discrepancias de última hora entre la banca acreedora y el grupo Damm, que habían llegado a un acuerdo para hacerse con el control de la compañía y reflotarla. Queda tiempo para evitar el desastre, y, lo que es más importante, existe una razón para hacerlo: la unanimidad sobre la viabilidad de la compañía. Por eso ni Galicia ni España pueden permitirse su liquidación.
El acuerdo de hace apenas una semana entre la banca y el grupo Damm, junto con el fondo Luxempart, que garantizaba la salvación de Pescanova corre ahora riesgo de saltar por los aires y llevarse por delante a la compañía. Se sabía que era un pacto endeble, un acuerdo de mínimos que no satisfacía del todo a ninguna de las partes. Pero era, y es, el menor de los males posibles. Fracasada la opción de los fondos que lideraba el exministro Eduardo Serra, la alternativa era, y es, la liquidación.
El acuerdo consiste, básicamente, en enviar al juez y respaldar luego ante la junta de accionistas un convenio de acreedores que deje a la banca con la mayoría del capital de la sociedad y ceda la gestión al otro accionista de referencia, el grupo de Demetrio Carceller. A la Nueva Pescanova, que así la quieren llamar, se le inyectarían 150 millones de euros, de los que el 70% los aportarían las entidades financieras.
Se trata de un convenio de extraordinaria complejidad financiera y técnica, acorde con el tamaño de la compañía, su endemoniado entramado societario y la magnitud de la quiebra. Pero la clave fundamental está en la quita a aplicar a la banca, que entre una cosa y otra tiene atrapados unos 3.000 millones de euros.
Para la banca el dilema responde a lo que un castizo explicaría con lo de que si debes un millón al banco tienes un problema, mientras que si le debes mil millones el problema lo tiene el banco. Y en este caso la cantidad es tres veces mayor. Dicho de otra manera, la dificultad de calibrar el punto óptimo de retorno entre la liquidación y la quita. Su postura la lideran las siete mayores entidades acreedoras, lo que ha dado en llamarse el G-7. Son el Sabadell (226 millones), el Popular (181 millones), Caixabank (177 millones), Bankia (106 millones) y BBVA (104 millones), UBI Banca (86 millones) y NCG (147 millones). Éste último tiene la deuda subordinada y el Santander vendió la suya.
El principal escollo está en que reclaman una quita menor de la que finalmente figura en la propuesta de convenio de acreedores presentada al juez. En concreto quieren recuperar al menos 1.000 millones, frente a los 700 que contempla el documento. De hecho aseguran que ésa era la cantidad que habían pactado, de ahí que digan sentirse engañados.
El grupo Damm arguye, sobre todo, que lo esencial es dejar sentadas bases sólidas de viabilidad para Pescanova, algo en su opinión imposible si hereda una deuda insostenible. Y que la quita final a la banca será de un 72%, muy inferior a la que proponía inicialmente Carceller y al 95% que perderán los accionistas. Eso y que asume también, a posteriori, el sobrecoste de intentar salvar las filiales de Chile, Guatemala y Portugal, que la banca preferiría liquidar.
Es lógico que la banca quiera recuperar la mayor cantidad posible de dinero. Y es lógico también que el grupo que aspira a gestionar a partir de ahora la compañía quiera cogerla en las condiciones más ventajosas posibles. Que pugnen por la defensa de sus legítimos intereses entra dentro de la lógica empresarial.
Pero tan lógico como su postura es que los gallegos reclamen, como están haciendo, altura de miras para abordar el problema de manera acorde con todos los intereses, y principalmente con el interés general. Porque si Pescanova es viable, o sea, si a pesar de los pesares tiene músculo empresarial y negocio suficientes para remontar el vuelo y volver a ser lo que fue en sus días de esplendor, y existe unanimidad en que lo tiene, el objetivo debe ser evitar su liquidación. Por eso y porque miles de los gallegos que lo reclaman están, precisamente, entre los accionistas minoritarios, que van a ser una vez más los grandes sacrificados en la operación.
Se acaba el tiempo y los resquicios legales para el acuerdo. La propuesta de convenio no puede ser modificada una vez registrada en el juzgado de lo Mercantil. La de Pescanova está presentada, pero no ha sido aún aceptada por el juez, a la espera de unas correcciones. Hay, así pues, un resquicio por el que introducir los matices. Y apenas un mes, no más, de tiempo para someterla a votación y aprobarla. Todo muy justo, pero suficiente si existe voluntad de conseguirlo.
Llegamos a esta situación cuando se acaba de cumplir justo un año de aquel fatídico 28 de febrero en que Pescanova comunicó a la CNMV su imposibilidad de aprobar las cuentas, tal y como al día siguiente desveló FARO. La sorpresa inicial dio paso al estupor, primero, y al escándalo después, a medida que se fueron conociendo las irregularidades y despropósitos cometidos por los gestores de la compañía, con Manuel Fernández de Sousa a la cabeza. Se temió entonces, y con motivos más que sobrados, por lo que era todo un emblema de Galicia y una enseña de la marca España. Recobrada la esperanza, ni una ni otra pueden permitirse, podemos permitirnos, desperdiciar la ocasión de salvarla
