El arrastre, o pesca de arrastre, consiste en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar generalmente entre 100 y 1.000 metros de profundidad aunque puede ir más abajo. La práctica del arrastre se desarrolló en los años setenta/ochenta del pasado siglo para compensar el descenso de capturas costeras.

Se trata de un arte activo en el sentido de que no espera los movimientos del pez para su captura. Ecologistas y no pocos biólogos la consideran una práctica invasiva para el ecosistema, destructiva, al capturar todo lo que encuentra a su paso e impedir salvar la pesca que no interesa. Según sus detractores, el arrastre, junto con la pesca con redes de deriva, es de las menos selectivas al destruir indiscriminadamente algas, corales y otros organismos. En la mayoría de los países el arrastre está regulado aunque en muy pocos está prohibido.

Algunos estudios sostienen que la cantidad de pescado capturada con el arrastre es demasiado importante para los ecosistemas profundos, vulnerables, al renovarse lentamente los efectivos. En general, las especies profundas viven bastante tiempo, se reproducen tarde y no gozan de alta fecundidad en relación con las especies de aguas poco profundas. Por ejemplo, 20 especies de fondo comercializables alcanzan la madurez reproductiva a los doce años, en media, al tiempo que la anchoa solo necesita un año.

El CIEM (por sus siglas en inglés, Consejo internacional para la exploración del mar) en un informe de 2012 proyectó un panorama bastante sombrío de la situación a partir de 54 especies de fondo comercializables. De ellas, 21 especies se consideran agotadas o en vías de agotamiento, esto es, sus efectivos han caído por debajo del 10% que habría si no fueran pescadas; 3 especies se encuentran en un estado satisfactorio, en cuanto al equilibrio capturas-efectivos, y 21 nunca han sido evaluadas. No faltan críticas a este estudio por considerarlo excesivamente optimista. Los peces, aun siendo menos, tienden a reagruparse facilitando su detección y pesca con los medios técnicos actuales. En Canadá, por ejemplo, durante los años ochenta del pasado siglo no se constataron grandes disminuciones de capturas hasta que los efectivos se redujeron el 95%, según estimaciones, respecto a la década precedente.

Desacuerdos

Por el protocolo internacional de Madrid (1991) no está permitida ninguna explotación económica del Antártico -particularmente extracción de petróleo y minerales- salvo la pesca reglamentada. El 1/11/2013, en Hobart, Tasmania, los países miembros de la Comisión para la conservación de la fauna y la flora marina del Antártico (CCAMLR, por sus siglas en inglés) se separaron sin haber llegado a un acuerdo. Las negociaciones tenían por objeto crear una zona protegida ampliada alrededor del "continente blanco". En 2012, se sometieron dos proyectos a la aprobación de los miembros de la CCAMLR. El primero, sostenido fundamentalmente por EE.UU y Nueva Zelanda propone la creación de un área de exclusión de 1,16 millones de quilómetros cuadrados en el Mar de Ross, fachada del Pacífico; el segundo proyecto, a iniciativa de Australia y la UE, recomienda instaurar siete áreas en el Indico con una extensión de 1,6 millones de quilómetros cuadrados aunque prácticamente el 50% de las aguas australes están actualmente afectadas por prohibiciones de pesca. Esencialmente, el desacuerdo concierne a la extensión y enclave de las áreas, no a la necesidad de instaurarlas.

Mucho más importante para los intereses de Europa en general y de Galicia en particular, el Parlamento europeo votó el 10/12/2013 en contra de la prohibición de la pesca de arrastre. La votación estuvo muy reñida (342 votos contra 326) no siendo humo de pajas lo que se jugaba. Antes de la votación hubo una intensa campaña de los prohibicionistas que airearon más de 275 estudios científicos apuntando a un impacto negativo, a largo plazo, de la pesca de arrastre sobre el ecosistema marino. La guinda la puso una columna de Les Watling ("Deep-sea trawling must be banned") en la versión electrónica de Nature minimizando los efectos económicos de la eventual prohibición al cifrar en 112 los empleos en las tres principales empresas pesqueras de arrastre francesas. Las cuales además habían recibido, a partir de 2004, 15 millones de euros de subvenciones, del Gobierno francés y de la UE, cargando con una pérdida de 11 millones. Watling proponía que algunas áreas del Atlántico quedasen completamente blindadas, en aras de la renovación de la biomasa, prohibiendo pescar en ellas como ya se ha hecho en el Mediterráneo.

Tanto las diferencias surgidas en el seno de la CCAMLR como la votación del Parlamento europeo ponen de relieve las dificultades del sector pesquero y los desacuerdos en curso para darles solución. Sucede respecto a la pesca como en lo concerniente a las pensiones, todo el mundo sabe que hay un problema en el horizonte, a medio-largo plazo, pero es muy difícil llegar al consenso. Y cuando se toma alguna decisión, generalmente salomónica, descontenta a todas las partes.

Recursos no-renovables y renovables

La "regla de Hotteling" afirma que el sendero óptimo de extracción en el tiempo de un recurso no-renovable -que maximice el beneficio económico del productor, sea privado o estatal- es el que equilibra oferta y demanda con un precio del recurso (calculado como el ingreso marginal obtenido por la venta) que aumenta siguiendo el tipo de interés. La regla de Hotelling predice un aumento exponencial del precio del recurso no-renovable en el tiempo que los estudios empíricos no confirman. La explicación reside en que la versión del modelo presentada aquí es muy simple, orientativa, más variables deben tenerse en cuenta, verbigracia, el descubrimiento de nuevos yacimientos, a pesar del pico de Hubbert, y sus posibilidades de explotación gracias al progreso técnico sin incurrir en costes excesivos.

Si las previsiones y modelización respecto a los recursos no-renovables son intrínsecamente difíciles mucho más lo son las que atañen a los recursos renovables pues, entre otras incertidumbres, intervienen los efectos de las variaciones de los ecosistemas, con frecuencia imprevisibles, y sus influencias en la dinámica de poblaciones. Si además se trata de recursos haliéuticos con ciclos migratorios y desplazamientos en profundidad, no siempre fáciles de observar, la modelización de todo ello es muy compleja. No obstante, cabría esperar que los modelos aplicados a los recursos renovables diesen respuestas cualitativamente distintas de las obtenidas con la ciencia económica de los recursos no-renovables y en parte ciertamente así es. Sin embargo, en los años setenta del pasado siglo, el economista Colin W. Clark propuso un resultado bastante descorazonador, en términos de conservación de especies de profundidad, en relación con los recursos renovables de lenta gestación como los que conciernen en general a los efectivos pescados con artes de arrastre. Por supuesto, no toda la comunidad científica está de acuerdo con Clark pero ha sido, y en cierta medida sigue siendo, uno de los autores de más estudiados en la ciencia económica de los recursos pesqueros, por ejemplo, "The Economics of Overexplotation" (1973, Science)

Principio de precaución

La falta de consenso lleva a la aplicación del "principio de precaución" en pesquerías a veces de manera excesivamente conservacionista. El principio de precaución es viejo como el mundo y se encuentra no solo en nuestro refranero ("Vale más prevenir que lamentar") sino en el de otras lenguas (Better safe than sorry/ Mieux vaut prévenir que guérir)

El principio de precaución afirma que si una decisión privada o pública, respecto a cuyo riesgo no hay consenso científico completo, puede producir un efecto perverso o perjuicio grave para las personas o el entorno, el descargo de la prueba es a costa de quien toma la decisión. En su origen, el principio se instauró para proteger la salud, por ello hay muchas restricciones para que los laboratorios puedan comercializar ciertos medicamentos sin que se descarguen habiendo probado previamente que carecen razonablemente de efectos secundarios. Fuera del contexto médico-científico el principio de precaución se utilizó el 15 diciembre 1992 en la Declaración de Río y reza así: Cuando hay riesgo de perjuicios o daños graves e irreversibles, la ausencia de certidumbre científica o de consenso no puede ser pretexto para retrasar la adopción de medidas efectivas que prevengan la degradación del entorno y ecosistemas.

El principio de precaución en pesquerías tiene especial relevancia en lo que concierne a la pesca de arrastre. Hoy día, la pesca costera suele estar bien gestionada. Ello permite puncionar cada año aproximadamente el 20% de los efectivos totales. Pero en aguas profundas es más difícil saber exactamente qué porcentaje de extracción permitiría la renovación del stock existente sin peligro de extinción. No obstante, esta incertidumbre no justica prohibir pura y simplemente la pesca de arrastre. Por otra parte, no faltan medidas de protección. El arrastre ya ha sido prohibido en zonas vulnerables que probablemente se extenderán en los próximos años. Asimismo, los métodos de pesca, artes y maquinaria utilizada deberán evaluarse cada cuatro años. El FEAM (Fondo europeo para la pesca) podrá subvencionar la reconversión de navíos de arrastre en palangreros. El palangre, reputado más selectivo que el arrastre, tampoco está exento, si bien se mira, de efectos colaterales perversos al extraer los ejemplares de profundidad, los más grandes, con mayor capacidad reproductora, como se constató en Namibia con la merluza.

Sin soslayar la importancia preventiva del principio de precaución tampoco conviene dejar su aplicación al arbitrio de ciertos grupos de presión que parecen mostrar una aversión por el riesgo infinita cuando, en realidad, nadie se pone un casco en la cabeza al caminar por una acera a pesar de que la esperanza de probabilidad de que caiga una teja o una maceta no es nula.