El Gobierno luso, con sede en Lisboa, parece decidido a estrangular de una vez por todas la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal sembrando de nuevos peajes el área fronteriza más dinámica de la Península Ibérica en la que habitan seis millones de habitantes.

Lo intentó hace apenas dos meses con un plan remitido a la "Troika" -FMI, Unión Europea y BCE- que incluía 15 nuevas tasas en autovías gratuitas, trece de ellas en el norte, desde la frontera del Miño hasta el sur de Aveiro. La pretensión era recaudar hasta 70 millones anuales más para aliviar las paupérrimas arcas del país, rescatado por Bruselas. Cuando la medida se hizo pública, la presión social que originó forzó al Ejecutivo de Passos Coelho a aparcarla. Pero no a olvidarla. Al menos no en sus objetivos.

Tanto es así que Estradas de Portugal maneja ya un segundo estudio que, con un fin similar, apunta una receta alternativa: controlar todas las entradas y salidas de las autovías a través de un sistema electrónico similar a la Vía Verde. El nuevo modelo sustituiría a los pórticos de control actuales, por lo que ya ningún tramo quedaría exento de peaje. Todos los automovilistas pagarían por los kilómetros recorridos y el Estado aumentaría la recaudación.

Previo plácet de la "Troika", las autovías de Viana do Castelo a Caminha y Ponte da Lima, en el área fronteriza con Galicia, y la autovía de Tui a Oporto, hoy gratuitas, pasarían a ser de pago en su totalidad, así como todo el trayecto de la A-28 entre Viana y Oporto.

Los planes para extender los gravámenes reaparecen dos años después de imponer los primeros junto con el polémico chip de pago de uso obligatorio en las tres autovías del norte: la del Norte Litoral -que integra la A-28 Viana-Oporto-, Grande Porto y Costa da Prata, en las que hasta la fecha ya ha recaudado 140 millones.

Pero más allá de lo recaudado, sus consecuencias sobre la economía de la frontera están resultando nefastas. Lo primero que hay que señalar es que los peajes vigentes desde octubre de 2010 no han hecho más que agravar la recesión y lastrar la movilidad entre Galicia y Portugal con caídas de tráficos del 30% en la autovía a Oporto y la consiguiente pérdida de competitividad acumulada. El turismo también se ha hundido y muchos negocios han terminado por echar el cierre. En paralelo, el desvío de tráfico por las carreteras nacionales para eludir los pagos ha disparado los accidentes y eternizado aún más los desplazamientos.

El segundo hecho a resaltar es que, para Galicia, la región Norte de Portugal es el mejor aliado para ganar masa crítica y ser visible en los mapas europeos. Mucho más de lo que nos pueden dar las alianzas con Asturias o Castilla y León. La Eurorregión es un activo que ayuda a construir Europa y nos ayuda a los gallegos a ganar peso y protagonismo en muchos frentes. Lo anterior es lo que explica por qué en Bruselas apoyan iniciativas eurorregionales y por qué existen fondos específicos para fomentar la cooperación transfronteriza.

Como se constató en unas jornadas de trabajo organizadas hace unos meses por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Zona Franca y FARO en el Club Financiero, es muy difícil borrar las fronteras. Lleva tiempo y exige esfuerzos. Pero es verdad que la relación de Galicia con Portugal es, con diferencia, la más avanzada y fructífera de todas las que existen entre regiones fronterizas españolas, portuguesas y francesas, como acertadamente expone en sus estudios el catedrático de Economía y colaborador de este periódico, Santiago Lago Penas.

Sin duda, la conexión ferroviaria Vigo-Oporto permitiría avanzar más rápidamente. La situación financiera actual de Portugal y, en menor medida, la de España justifican, al menos en parte, que esa conexión se posponga en el tiempo. Hay que reconocer que se trata de mucho dinero y que el poco razonable ritmo de ajuste fiscal impuesto desde Bruselas dificulta todo. Sin duda, hay que seguir presionando por esta conexión, pero al mismo tiempo siendo conscientes de la dificultad objetiva del momento.

Lo que no es aceptable de ninguna manera es dar un paso atrás en lo que ya tenemos: las conexiones viarias. Es inaceptable que se pongan dificultades y se encarezcan los flujos de personas y mercancías en las fronteras con nuevos peajes.

No solo eso: el plan es absurdo. No se puede estar gastando fondos con la mano derecha en construir la Eurorregión para, con la izquierda, poner clavos para obstruir los flujos interregionales. La situación solo se explica porque quien se dedica a diseñar los planes de ajuste en Bruselas no habla con su colega del despacho de al lado encargado de las iniciativas interregionales. ¿Cómo sino es posible que nos planteemos gastar cientos de millones en una nueva y futura plataforma ferroviaria al tiempo que estamos dispuestos a arruinar los actuales tráficos interregionales viarios por unos millones de euros de recaudación?

De poco o nada valen los planes estratégicos en marcha para la Eurorregión si el Gobierno luso se empeña en sangrarla con gravámenes que torpedean la rentabilidad de sus empresas y la esperanza de un proyecto común. Un proyecto que se corresponde con la realidad histórica, social y económica de un territorio transfronterizo singular. Lamentablemente, los peajes en las autovías constituyen el mayor ataque a la movilidad desde que se crearon las fronteras y restan toda credibilidad a las proclamas de las cumbres hispano-lusas para fortalecerla. Generar una economía de escala resulta imprescindible para competir en Europa, más aún para aquellos territorios, como el nuestro, situados en los confines del continente.

Haría bien el Gobierno luso en renunciar a los peajes si de verdad apuesta por la construcción de este proyecto eurorregional. No queda otra que perseverar en todos los frentes para avanzar hacia una unión social, económica y política que nos permita pintar algo en el mundo que se divisa en las próximas décadas.