Dura les sed lex. Axiomático, las leyes, guste o no guste, hay que acatarlas y cumplirlas, sin perjuicio de que se puedan cuestionar o se sugieran cambios por procedimientos normales. Esta ecuménica obligación se enfatiza cuando atañe a directos responsables de hacerlas cumplir conforme a las reglas de un Estado de derecho y por eso resulta estrambótico e intolerable que alguno de estos personajes no solo se inhiban de impedir y corregir situaciones caóticas, sino que se erigen en protagonistas del despropósito.
En este aspecto triste protagonista acaba de ser el señor Gordillo, diputado andaluz y alcalde de una localidad sevillana, capitaneando a un grupo de auto justicieros alborotadores en el asalto a supermercados y otros lugares, con baño en piscina incluido. Que un alcalde huya con unos carritos repletos de productos alimenticios robados violentamente es algo realmente insólito, pero lamentablemente cierto aunque no tengamos noticia de quien se benefició del pirata botón. Al rico asalto que posiblemente quiere significar asalto al rico, suponiendo que un supermercado participe de esta condición.
Si inadmisible es el gamberro latrocinio, no lo es menos la actitud y declaraciones del pretendido Curro Jiménez. ¿Cómo puede justificar su proceder afirmando que es fiel a su juramento en la toma de posesión como diputado autonómico? Si fuera cierto, como afirma el señor Gordillo, que tal juramento le comprometía a subvertir el orden establecido; es decir, a desordenarlo y perturbarlo, habría que pensar que nos hallamos ante una Autonomía de locos que debería pedir cuentas a Febo por su agresiva y generosa presencia en aquellos pagos. Pero no se puede generalizar y el sambenito hay que reservarlo a un grupo de trasnochados y sin que salpique a un a hermosa, entrañable y españolísima región.
Orgulloso de su fidelidad al juramento arremete contra el ministro del Interior, al que califica de inútil e ignorante que se salta la legalidad establecida; legalidad que según él preconiza y autoriza el asalto y apropiación de bienes ajenos. La exhibición de empanada mental es grande y creyéndose habitante del bosque de Sherwood ejerce de Robin Hood, expropia sin expediente previo y distribuye a su antojo. No hay constancia de que sus jugosos ingresos se integren en el botín a repartir.
Pese a la legitimidad derivada de su juramento, una cobardía inicial le llevó a parapetarse en la casamata de su condición de aforado, pero al ver que no era obstáculo suficiente para detener al “inútil” ministro del Interior, enarbola la bandera de la demagogia renunciando a sus privilegios -posiblemente ya rechazados, presumiendo de que será un honor ir a la cárcel ¿Por qué si se consideró legalizado para actuar como lo hizo?-.
Si el señor Gordillo y sus seguidores utilizando la fuerza de la razón formulando sus reivindicaciones y propuestas de cambio, hay que escucharles, dialogar y si es posible atenderles. Si pretenden lograr sus objetivos con la razón de la fuerza se desautorizan y deben ser juzgados de acuerdo con la legislación vigente, porque es esencial para mantener el Estado de derecho.
No se trata de poner en tela de juicio que en el agro de la democracia puedan florecer la crítica y la discrepancia, pero si degeneran en cizaña hay que arrancarlas y erradicarlas hasta que puedan volver a ocupar los surcos de la normalidad.
Aunque el caso tenga tintes de anecdótico, adornado con un incongruente popurri de boutades, desde aludir a Franco hasta declarar que se tarta de un acto de repulsa a la banca, su actitud no puede considerarse de recibo. ¿Qué culpa tiene el supermercado de que las entidades financieras hayan emitido preferentes?. En fin, un episodio al que Vizcaíno Casas hubiera sacado gran partido, pero que exige un serio correctivo para cumplir con la ley y evitar el efecto dominó.
