En singular contribución al asentamiento del zócalo social, John Rawls propuso –en uno de los libros más estimulantes del siglo XX, "A Theory of Justice" (1971)– repensar el contrato social y los principios que deben presidir las instituciones justas. Bajo el fuego clarificador de las críticas, Rawls, filósofo extraordinariamente abierto al debate e intercambio de ideas, redujo el alcance de su teoría acotándola en el marco político de las sociedades democráticas modernas. En subsiguientes publicaciones –"Political Liberalism" y "Justice as Fairness"– asumió parte del acervo crítico –proveniente más de economistas que de filósofos y juristas– pero sin grandes cambios en lo esencial. Su ambición, quede claro, fue reconstruir los principios de la justicia social sin renunciar a la libertad individual.

Rawls mantuvo que ciudadanos con preferencias de distinta intensidad y concepción, pero democráticas, pueden ponerse de acuerdo, dentro de un pluralismo razonable, en lo tocante a los principios de la justicia distributiva en aras de artillar un consenso apto a garantizar estabilidad política y cohesión social. El primero de estos principios abre el derecho, al máximo número potencial de ciudadanos, al disfrute de libertades básicas, verbigracia, derecho a votar y ser elegido, libertad de expresión, protección de la persona, derecho a la propiedad privada, etc. El segundo principio apunta a las reglas de justicia social, en doble vertiente, al estipular, de una parte, que las desigualdades sociales solo pueden aceptarse si benefician de consuno a los miembros más desfavorecidos de la comunidad al tiempo que, por otra, exige la justa igualdad de oportunidades. El engarce de ambos principios intenta conciliar libertad individual y justicia social compatible con ciertas desigualdades. Por ejemplo, no carece de fundamento equitativo que el miembro más rico de la colectividad se enriquezca aun más si con ello coadyuva a que la persona con menos recursos mejore su situación, bien sea porque hay un efecto de sinergia en la creación de riqueza o porque el Estado practica la correspondiente punción impositiva buscando un efecto redistributivo.

Bajo este enfoque, no se le puede reprochar al Gobierno –del que el señor Rubalcaba formaba parte hasta hace poco– que, a pesar de la crisis económica, en el 2009 hubiera en España 16.000 millonarios más que en 2008 (de 127.000 a 143.000). Sobre todo, teniendo en cuenta que en 2011 subió el IRPF con la inclusión de dos nuevos tramos específicamente destinados a las rentas más altas. A nadie se le escapa, sin embargo, que esta subida no perseguía ningún tipo de equidad sino intentar ajustar ingresos y gastos para cumplir con los criterios fiscales de Bruselas. La sospecha se confirma al tener en cuenta que el Gobierno permitió que el 16 de julio 2010 entrara en vigor el acuerdo con Luxemburgo para que las grandes fortunas españolas pudiesen invertir en los SIF luxemburgueses (fondos de inversión especializados, por sus siglas en ingles) producto financiero que permite pagar menos impuestos, hasta ese momento vetado fiscalmente en nuestro país.

Tampoco me parece coherente por parte de la socialdemocracia española, que ha dejado traza indeleble de su política, pretender que la derecha deslegitima el impuesto y el principio redistributivo. Hay algo de casi insultante, para con la lucidez de la gente apartidista, tomarse por el partido de los humildes sabedores que han cercenado parcialmente la capacidad redistributiva fiscal al eliminar, 2007, el Impuesto sobre el Patrimonio. Es cierto que se ha vuelto a implantar pero solamente a fines recaudatorios, y a titulo transitorio, para ajustar el gasto, sin atender en absoluto a principios de equidad. ¿Cómo lo sé? Pues muy sencillo, leyendo el BOE (BOE 17/09/2011): "Real Decreto–ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal".

Independientemente del enfoque de Rawls, el así llamado "Teorema del votante mediano" ("Median voter theorem") muestra que si hay dos candidatos o partidos cada uno de ellos debe desentenderse en cierta medida de los propios votantes cautivos en el suelo electoral (los que en principio siempre votan a su partido) y aproximar el programa a las preferencias del votante que divide en dos la distribución de votantes clasificados por preferencias programáticas, digamos, de izquierda a derecha. Así, al aproximar los candidatos o partidos los programas por la izquierda y por la derecha a las preferencias del votante mediano –el que se encuentra en el centro de la distribución– ambos programas acaban siendo prácticamente iguales en el entorno del votante mediano que se pretende influir.

Sucede que, cuando se enlazan los principios de Rawls con las conclusiones del "Teorema del votante mediano", resulta difícil entender la beligerancia electoralista que algunos socialdemócratas manifiestan en esta campaña presentándose como el partido de los desfavorecidos. Porque, las cosas como son, no hay gran diferencia entre los dos principales partidos de ámbito estatal desde el momento que, con matices, se aceptan los principios de Rawls y se plantean estrategias de acercamiento al votante mediano. Ningún partido puede pretender, por tanto, ser el partido de los pobres, de los ricos o de los medio pensionistas: no hay más partidos de ámbito nacional que los de la democracia avanzada.

Empero, según la vulgata socialdemócrata en campaña, hay que endosarles a los conservadores la explosión de las desigualdades por el enriquecimiento desbridado de los más ricos y el repliegue social en un individualismo atrozmente insolidario. Es comprensible que chutados con mantras tan reconfortantes los políticos del partido todavía en el poder exhiban obscena autosatisfacción moral junto con un buenismo de catequesis que acaba provocando en la gente avisada amargo sentimiento de cabreo a la vista de la desastrosa ejecutoria y falta de coherencia, constatables por cualquier observador lúcido, objetivo y de buena fe. Ya está bien, me parece a mí, de crucificar a la oposición con la cansina coletilla de la motosierra y los recortes que nos esperan, especialmente en sanidad y educación ¿Sanidad y educación? Vaya, el moderno binomio del clásico "pan y circo" explotado por gobiernos de cualquier signo, parasitado por los cuatro costados, con más elementos de ineficiencia, virreinatos, feudos y descontrol en su seno que la España novelada por Valle–Inclán en "La Corte de los milagros".