A estas alturas no parece que haya aún quien discrepe con la idea de que el sistema electoral español, en lo que al Censo de Residentes Ausentes se refiere, es una anomalía. Y no ya porque voten los muertos y algunos muy vivos manipulen los sufragios, sino porque, además, puedan decidir la gobernación no ya de un pequeño municipio, sino de un país entero. Estuvo a punto de ocurrir dos veces en Galicia estos años, y aún hay quien cree que la llegada del señor Fraga se asentó en los votos del CERA-
Claro que todo eso, que es malo, no resulta lo peor, ya que al fin y al cabo, con defectos o sin ellos, se trata de un derecho -el de votar- que los españoles, y por tanto los gallegos, tienen por su condición. El problema se agravó cuando el gobierno del señor Zapatero, en otra de sus sectarias iniciativas, aprobó -con aliados que sólo buscaban tajada- la Ley de la Memoria Histórica, tan manejada estos días. Y como en ella introdujo criterios de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes, sin otra conexión con Galicia que las emocionadas referencias de sus padres -y algún viaje esporádico-, agravó el conflicto.
El disparate -injusto y discriminatorio, además, porque consideró sólo a parte de los exiliados políticos de la postguerra civil, pero no a los demás ni a los económicos de los años de la autarquía y los primeros del desarrollo- hizo crecer el censo hasta cifras que no sólo no reflejan la realidad, sino que la condicionan. Y, por lo tanto, afectan negativamente a la tranquilidad del país e incluso a su estabilidad política. Y lo demuestra la polémica que se generó ante la posibilidad de que en 2009 el ganador en Galicia fuese derrotado al final en Iberoamérica.
Y no se trata de teorizar, ni de negar derechos constitucionales, sino de corregir lo que el sentido común dice que es una anomalía, como por ejemplo que alguien que ni siquiera es capaz de señalar en un mapa el pueblo en el que puede votar, decida a su alcalde. Y a la vez, por supuesto, al de la ciudad argentina, uruguaya o venezolana donde reside, de donde se siente vecino y cuya nacionalidad también ostenta.
Es verdad que en la normativa electoral -inmutable por los intereses de PP y PSOE- hay otras muchas cosas que corregir para adecuarla a los tiempos que corren, pero por algo hay que empezar. Y este asunto de la emigración genealógica es de los que más chirría y por ello de los más urgentes.
¿O no...?
