Aunque el viaje del procónsul hispano Zapatero a la capital del imperio haga olvidar este y otros asuntos, lo cierto es que la tripulación de un pesquero español lleva dos semanas de cautiverio a bordo de su propio barco en las costas de Somalia. Para desgracia de los secuestrados, la noticia del asalto empieza a dejar de serlo y no hay señal alguna de que los piratas vayan a poner fin a la angustia de los marineros y de sus familiares en un plazo de tiempo más o menos previsible.

Bien al contrario, los asaltantes del barco han hecho saber que cualquier negociación tiene como requisito previo la puesta en libertad de los dos piratas capturados por la Armada. Peliagudo dilema, si se tiene en cuenta que los bucaneros fueron reclamados y entregados a la Justicia española, que acaso no tenga demasiado margen legal para entrar en tratos con una partida de secuestradores.

Está a punto de cumplirse medio mes, en todo caso, del apresamiento del pesquero "Alakrana" por un comando de la moderna orden de piratería que ejerce su trasnochado oficio en aguas del Cuerno de África. Familiares de los secuestrados aseguran que los treinta y seis tripulantes del buque –ocho de ellos gallegos y otros tantos vascos-- no han podido ducharse ni dormir en sus camas hasta hace un par de días. Si a esas incomodidades se añade la circunstancia en modo alguno agradable de permanecer bajo la custodia de gente armada hasta los dientes, fácil será colegir que la situación de nuestros conciudadanos no es exactamente satisfactoria.

Pese a ello, las autoridades no se han mostrado especialmente conmovidas por la desdicha de los marineros. La vicepresidenta en funciones presidenciales de gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se apresuró a advertir horas después del apresamiento que el "Alakrana" se encontraba faenando en aguas inseguras, con los riesgos que suele traer anejos tan imprudente actitud. No llegó a cargar directamente sobre ellos la culpa del asalto, pero casi. Más explícito aún, como corresponde a la franqueza militar, un alto mando destacado en la zona sugirió que "cada uno es dueño de sus actos", aludiendo al hecho de que el pesquero vasco había lanzado sus redes fuera del perímetro de seguridad acordado con la Armada y las demás fuerzas aeronavales de la UE.

Bien es verdad que ningún miembro del Gobierno llegó a añadir que el que la hace, la paga; y que allá se las apañen esos armadores con su negocio. Pero tampoco hay noticia de que las negociaciones para el rescate progresen adecuadamente o que siquiera hayan comenzado. Las exigencias que los piratas acaban de hacer públicas por medio de la agencia noticiosa France Presse abonan, en realidad, la segunda de las dos hipótesis.

De todo ello parece inferirse que el Gobierno español funciona –en este y otros casos-- bajo aquel famoso principio de Murphy según el cual toda situación grave es susceptible de empeorar.

Tan mal se han puesto las cosas que incluso la captura de dos de los piratas y su traslado a España por orden del juez entre los jueces Baltasar Garzón podría suponer no una ventaja, sino un obstáculo añadido. Los comandantes de la banda pirática han hecho saber, en efecto, que la "liberación" de sus dos camaradas es condición previa para el comienzo y el buen fin de las negociaciones. Y acaso también un pretexto para encarecer el coste del rescate.

Por fortuna, las experiencias anteriores en ese mar infestado de piratas sugieren que el desenlace del secuestro va a ser feliz y se saldará –antes o después- con la liberación de los marineros. Otra cosa es el precio del rescate, previsiblemente más cuantioso en esta ocasión que el del "Playa del Bakio" el pasado año. De la relación coste/eficacia del despliegue de navíos de guerra de la UE en aquellas aguas ya ni hablamos, claro está. En ciertos casos, la mejor palabra es la que queda por decir.

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