A estas horas, visto lo que hay y las explicaciones que sobre ello se han dado, no deben extrañar las reacciones indignadas de buena parte de la sociedad y, desde luego, de sectores políticos. La cuestión, claro, es la estancia de Txapote y su mujer en la misma cárcel gallega y la excusa de que es por razones de seguridad: “Para vigilarlos mejor“, o algo parecido, han dicho los responsables de la política penitenciaria de este Gobierno.
Algunos observadores, quizá desde una cierta desconfianza, han dicho ya que este asunto podría formar parte de una estrategia inconfesa para abrir cauces paralelos de distensión con quienes, desde ETA, estarían por el abandono de las armas. No hay dato oficial que lo corrobore, pero a la vista de cómo se ha portado en los últimos años el PSOE en este terreno, podría ser. Convendría decirlo y no engañar a la gente.
En todo caso, sean ciertas o no esas sospechas -desde luego resultan verosímiles- hay algo que no se puede discutir: la estancia de los Txapote en Teixeiro contrasta con la situación de otros muchos presos que en cárceles diferentes se encuentran separados de familiares también reclusos; y en algún caso, además, se trata de gentes no tan peligrosas y en circunstancias que debieran recibir al menos un trato parecido al de ¿privilegio? de los sanguinarios etarras. Que, no se olvide, mataron como mataron a Miguel Ángel Blanco.
Dicho todo lo anterior, seguramente no está de más añadirle algo; da la impresión de que el buenismo con que se comportan algunas instancias, judiciales o penitenciarias, casi siempre se ejecuta en la dirección de los delincuentes y casi nunca toma en consideración cuánto puede eso herir a las víctimas, sean de terrorismo o de otros delitos. Y aunque para muestra basta un botón, puede añadirse como ejemplo el caso de los narcos franceses, fugados uno tras otro al recibir del juez permiso de paseo.
Y no es de recibo nada de eso, en absoluto. Cierto que la Constitución establece la llamada “función rehabilitadora” como clave de la política penitenciaria, y que el Derecho Penal desde -entre otros- doña Concepción Arenal tiende al humanismo compasivo, pero de ahí a que resulte, o lo parezca, que quienes cometen delitos tienen más y mejores derechos que los que los padecen media un abismo. Y eso es lo que, de unos años a esta parte, sugieren determinadas decisiones que se toman desde el Gobierno central, quizá impulsado por algunos de sus aliados.
¿No...?
