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Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

 

Uno de los problemas más habituales en cualquier cuerpo social es que cuando sucede un hecho grave, la atención tiende a concentrarse en sus efectos y, durante un tiempo, parece como si nada más ocurriese. Y es algo que tiene su lado inconveniente: la opinión pública, y la publicada, prescinden de más asuntos, incluidos los que necesitan apoyos, y a la larga empeora el estado general de lo que dio en llamarse res pública.
Uno de esos asuntos desapercibidos ha sido el de la creación en Galicia de un canon hidroeléctrico, de forma que por primera vez el país reciba una compensación directa por la explotación de unos cuantos de sus recursos naturales. Una vieja aspiración que algunos defendieron en teoría durante años pero que nadie hasta ahora en que lo hizo el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, osó llevar al papel oficial: que lo haya hecho esta Xunta tiene por tanto un mérito especial como referente de una política de progreso.
No se trata de entonar cánticos laudatorios que podrían tenerse por adulación pura y simple, sino de reconocer cuánto de positivo hay en una decisión especialmente audaz en un momento en el que casi nadie se atreve a rozar siquiera la piel de las grandes compañías.
Parece que algunos temieran herir la sensibilidad de lo que antes se llamaban "poderes fácticos", y no es malo que eso se haya acabado de una vez.
Hay más, conste: la creación del canon tiene que ver, y debe verse así, con otro pulso que el gobierno autonómico plantea en materia de política hídrica: la decisión de vetar la construcción de nuevos embalses en las cuencas del Miño/Sil y, también, de entrar en el campo de lo común y de lo particular en lo que a estos recursos respecta.
Es, desde luego, éste un asunto socialmente complejo y muy delicado: el agua, hasta ahora tenida por un bien casi inagotable y gratuito, puede convertirse en un factor de conflicto extraordinariamente peligroso en los años que vienen y, de facto, provoca ya en términos de Estado, serios roces entre Comunidades. Y a eso hay que ponerle remedio antes de que estalle; la invitación de la Xunta de reconocer lo común articulando lo propio puede ser un camino, y más vale que se explore cuanto antes.
En este punto parece procedente añadir otra reflexión: tanto el canon como el asunto de las cuencas del Miño y el Sil recuerdan la necesidad no sólo de un nuevo Estatuto sino de un impulso a la Euro/Región, ampliada a Castilla y León y Asturias como en su día, por causa también del agua, se pensó,
¿No...?

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