El administrador concursal se dirigió a la Autoridad Portuaria, el 29 de enero de 2013, urgiendo a "iniciar los trámites de renuncia de la concesión, dada la inviabilidad del proyecto, la imposibilidad de su enajenación a tercero interesado y los problemas derivados de la responsabilidad civil propia de la condición de concesionario". A raíz de ello, la Autoridad Portuaria acordó, el 22 de marzo de 2013 (justo se cumplen ahora cinco años) la extinción de la concesión administrativa a Residencial Marina Atlántica para construir y explotar un puerto deportivo en O Salgueirón. En la decisión pesaron "los términos tan absolutos e incondicionados de aquella renuncia, que la propia compañía justificaba en su reconocimiento explícito de que ya no estaba capacitada para llevar a buen fin el proyecto y su fundado temor a incurrir en graves responsabilidades por su carácter de concesionaria". La sentencia también destaca que la Administración "actuó en todo momento conforme a unas pautas de normalidad en los actos preparatorios, en la concesión misma y en el respeto a los derechos adquiridos por la concesionaria".
