Venezuela está inmersa en una nueva polémica en torno al referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, que promueve la oposición y que el oficialismo chavista pretende retrasar a toda costa. La clave de la disputa es que si el referéndum se celebra este año y triunfa, derivará en la convocatoria de elecciones presidenciales en un mes, mientras que si se retrasa hasta 2017, una derrota de Maduro no implicaría elecciones sino que acceda a la jefatura del Estado el vicepresidente, Aristóbulo Isturiz.
Maduro aseguró el pasado sábado que si la oposición cumple los requisitos previstos en la ley, el referéndum revocatorio se celebrará "el próximo año y punto". Maduro aludió además a las firmas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó de los 1,8 millones de rúbricas presentadas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para solicitar el referéndum y calificó de "grave" que hayan entregado 600.000 "chimbas", en referencia a las que "no cumplieron con los criterios establecidos" según el ente electoral.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, confirmó la pasada semana que desde el próximo lunes, día 20, y hasta el día 24 se desarrollará la etapa de validación de más de 1,3 millones de firmas que solicitan el revocatorio.
Entre tanto, se suceden las protestas y saqueos en respuesta a la situación de desabastecimiento que vive el país. La ONG Provea informó ayer de que una persona de 21 años falleció tiroteada el sábado durante una protesta por la escasez de comida en el estado de Sucre (este del país), lo que eleva al menos a tres las víctimas mortales por los saqueos y disturbios durante la última semana.
