El proceso para la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (PT), dio ayer de madrugada un paso de gigante, y no parece que ahora vaya a encontrar obstáculos en el Senado, la instancia encargada de someter a un eventual juicio político a la heredera de Lula. Según encuestas difundidas ayer, una mayoría de los senadores es favorable a iniciarlo.
En una agitada sesión, en la que algunos parlamentarios llegaron a las manos, la Cámara de Diputados decidió ayer, por 367 votos a favor -por encima de los 342 exigidos- y 137 en contra, que el caso de Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas, debe ser examinado por el Senado.
La decisión de la Cámara de Diputados debía ser remitida ayer mismo al Senado, para ser leída en sesión plenaria y publicada en el Diario Oficial de la cámara. A continuación, los líderes de los grupos parlamentarios tendrán hasta mañana, miércoles, para designar a los 21 integrantes que compondrán la comisión especial encargada de instruir el asunto.
Dicha comisión deberá elaborar en el plazo de diez días un informe sobre la posibilidad de "impeachment" a Rousseff, que luego deberá ser votado por el Pleno de la Cámara Alta, donde se requiere la aprobación por mayoría simple de los 81 senadores (41). La convocatoria de esta votación, que se estima se producirá como muy tarde el 10 de mayo, es responsabilidad del presidente del Senado, Renan Calheiros, miembro del PMDB.
Así pues, no pocos ojos están ahora puestos en Calheiros, quien mantiene una relación complicada con el vicepresidente Temer (también del PMDB), que pasaría a ocupar la Presidencia en caso de prosperar la apertura de un juicio político que alejaría a Rousseff de la jefatura del Estado durante los seis meses de plazo que se conceden para el desarrollo de sus sesiones.
Durante el juicio propiamente dicho, la comisión escuchará a la defensa de la mandataria, a la parte acusadora y a otros testigos que se pueda citar, y debatirá el caso a la luz de las acusaciones, centradas en una serie de irregularidades contables en las que supuestamente incurrió el Gobierno en los ejercicios 2014 y 2015.
Una vez concluido el juicio, la comisión especial del Senado elaborará un nuevo informe, que será sometido al Pleno en una sesión única, dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y en la que se decidirá la suerte definitiva de Rousseff.
Si una mayoría cualificada de dos tercios de los senadores (54 votos) hallase a la presidenta culpable, entonces Rousseff será destituida, perderá sus derechos políticos durante ocho años y el vicepresidente Temer concluirá el mandato, que vence el 1 de enero de 2019.
La decisión de los diputados de elevar el caso al Senado fue recibida por Rousseff con "indignación y tristeza", según explicó el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo. "Quien es favorable a la democracia no puede ser favorable a lo que ha ocurrido", declaró Cardozo tras la votación en la Cámara Baja.
En cuanto al sentir de los senadores llamados a juzgar a la presidenta, sondeos hechos ayer y divulgados por los grandes diarios de Brasil indican que una mayoría es favorable a iniciar el juicio. Las encuestas de por los diarios "O Globo", "Folha de Sao Paulo" y "O Estado de Sao Paulo" indican que entre 45 y 47 senadores -son necesarios 41- apoyan la apertura del juicio político.
