Una de cal y otra de arena. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió ayer a las duras críticas de la Iglesia, que tacha a su Gobierno de "totalitario", anunciando la creación de un Consejo de Derechos Humanos que investigará "todos los sucesos" acaecidos en el país desde que, hace casi dos meses, la oposición se echó a la calle para protestar contra el régimen chapista. Pero, al mismo tiempo, la fiscalía terminó de cerrar el cerco judicial al líder opositor Leopoldo López al acusarle formalmente de los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir.
López, líder del partido opositor Voluntad Popular, se entregó a las autoridades el pasado 18 de febrero, tras ser responsabilizado personalmente por Maduro de los enfrentamientos habidos al término de una marcha pacífica que seis días antes había arrojado un balance de tres muertos.
La fiscal general, Luisa Ortega, confirmó que son ya 39 las muertes registradas en las protestas que empezaron el 12 de febrero.
El presidente, por su parte, dijo que el Consejo de Derechos Humanos estará formado por quince personas, la mayoría altos funcionarios, y adscrito a la Vicepresidencia.
