Fujimori es juzgado desde el 10 de diciembre de 2007 por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe de Estado de 1992.
Las partes han coincidido en la transparencia del proceso, aunque los detractores del ex gobernante (1990-2000) han expresado entre otras preocupaciones la reciente elección del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein.
"Si bien es cierto (que el proceso) ha demorado más de lo que hemos pensado, ha habido transparencia", dijo hoy a Efe Gloria Cano, una de las abogadas de la parte civil, mientras que el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, manifestó que "el juicio jurídico es impecable" y "está en el tiempo adecuado por sus complejidades".
En declaraciones a "Radio Programas del Perú" (RPP), Nakazaki criticó que algunos medios de comunicación hayan sentenciado ya a Fujimori y "están preparando a la opinión pública para que sólo vea como 'justa' una sentencia condenatoria".
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, declaró a Efe que le preocupan las credenciales del próximo presidente de la Corte Suprema, a quien vinculó con el entorno fujimorista.
Jugo puntualizó que Villa Stein "tiene la responsabilidad de nombrar la Sala" que juzgará a Fujimori en segunda y definitiva instancia, ya que se prevé que, tras el fallo de la Sala Penal Especial, su defensa apele la sentencia.
El juicio, que estaba previsto que culminara este mes de diciembre, ha sido aplazado en varias oportunidades, principalmente por el estado de salud del acusado.
Fujimori fue sometido a una cirugía por una lesión cancerígena en la lengua en junio pasado y además se le ha detectado un quiste en el páncreas, lo que se suma a problemas de presión y circulación.
El director de Aprodeh señaló que el estado de salud de Fujimori no debe determinar el fallo en sí, aunque no descartó que el ex presidente "podría pedir un beneficio posterior (respecto al cumplimiento de la sentencia), un indulto de carácter humanitario".
En el juicio han declarado 90 testigos, entre ellos supervivientes de la masacre de Barrios Altos, miembros del grupo militar encubierto Colina -considerados como los autores materiales de las "ejecuciones extrajudiciales" durante el mandato de Fujimori- e incluso el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, cuyo testimonio fue anulado.
El tribunal decidió anular el testimonio de Montesinos después de que el brazo derecho de Fujimori anunciara de manera sorpresiva que no iba a responder al interrogatorio de la Fiscalía.
El proceso entró en una "etapa de letargo" con la lectura de pruebas, pero se cree que las audiencias se reanudarán el 15 de diciembre con la presentación de los alegatos finales antes de la sentencia, declaró hoy el abogado penalista Julio Rodríguez a RPP.
Este juicio "es el más importante de la historia de Perú", dijo la abogada de la parte civil Gloria Cano, quien espera que culmine "con una sanción, la dignificación de las víctimas y la reconciliación en democracia".
La Fiscalía peruana ha pedido 30 años de prisión para Fujimori, a quien acusa de ser "autor mediato" de las dos matanzas mediante su planificación, organización y dirección.
Para el abogado de la defensa, las pruebas de la Fiscalía "son insuficientes" por considerar que no ha probado sus acusaciones, aunque no descartó una condena.
