La industria pesquera británica se había alineado mayoritariamente con el ala dura del gabinete de Theresa May respecto al Brexit: nada de Política Pesquera Común (PPC), y ni oír hablar de un reparto anual de cuotas dirigido por Bruselas. Entendían que, fuera de la Unión Europea, las ricas aguas que rodean su costa iban a multiplicar los ingresos de una flota creciente (apenas ha perdido capacidad) y que ha abanderado casi media docena de pesqueros gallegos en la última década. Que harían un reparto de posibilidades de pesca a medida por países, con caladeros blindados por una escuadra militar de cinco patrulleros de guerra. Pero Londres acatará hoy el draft transition text (borrador para el periodo transitorio) planteado por el Ejecutivo comunitario. Y ese documento es claro: "El criterio de estabilidad relativa para el reparto de cuotas se mantendrá" durante el periodo de desconexión. Esto es, hasta marzo de 2021.
El texto echa por tierra las pretensiones del ministro de Pesca Michael Gove, que se había parapetado tras colectivos pro-Brexit como Fishing for Leave, y que incluso había logrado que la propia May descartase un periodo transitorio para la pesca. De haberse consumado esta línea la flota gallega que faena en Gran Sol (y también en Malvinas) no tendría acceso a aguas británicas a partir de marzo de 2019. Pero no será así, con lo que la industria gallega gana tiempo para digerir el que será el mayor cambio en el statu quo que haya afrontado en los últimos treinta años, tras su entrada en la antigua Comunidad Económica Europea. Así lo han reflejado los medios británicos The Guardian y Financial Times. "May se ha rendido", arremetían ayer desde Fishing for Leave. "Es una traición lamentable, repugnante y abyecta".
Lo que establece la propuesta de Bruselas (artículo 125) es que "en lo que respecta al reparto de posibilidades de pesca durante el periodo de transición, Reino Unido será consultado" sobre las cuotas que se asignen a su flota. Lo que no concreta el texto es qué tipo de "consulta" será, y si ésta puede ser vinculante. Lo que irrita a los partidarios del Brexit inmediato es que tengan que someterse durante dos años más al reparto anual de cuotas que se realiza en la capital comunitaria cada diciembre. Si la desconexión se hubiese ejecutado en marzo de 2019, la cumbre de este año sería la última en la que Bruselas decidiría cuánto corresponde pescar a cada país en aguas británicas, incluidos los barcos de capital gallego.
Este tiempo extra, a priori, no solo beneficiará a los buques que operan en Gran Sol, sino a los que trabajan en las Falkland Islands (Malvinas), aunque el documento no habla específicamente de este territorio. Pero sí concreta (en el artículo 3) que las reglas para el periodo transitorio serán de aplicación no solo en Reino Unido, Gibaltar y las islas del Canal de la Mancha, sino en territorios con "una relación especial" con los británicos. Es el caso, enumera Bruselas, de Islas Vírgenes, Bermudas, las Caimán... Y, en lo que concierne a la industria pesquera gallega, a Malvinas y Georgias del Sur.
