Los exmarinos de la asociación Long Hope, que agrupa a más de 12.000 españoles -la mayoría gallegos- que reclaman a Noruega las pensiones que les corresponderían por los años trabajados en buques mercantes de este país, presentaron recientemente el aval de 1.000.000 de coronas (100.000 euros) que el país nórdico les exigió para afrontar las costas judiciales que tendrían que pagar en caso de perder la querella que presentaron contra el Gobierno noruego.
La asociación recrimina a España que no se hiciese cargo de esta suma y denuncia que solo recibió una carta del Ministerio de Exteriores sobre este asunto una vez que el aval bancario ya había sido depositado. "España es partícipe de un crimen social y actúa en connivencia con Noruega", censuró el portavoz de Long Hope, Alberto Paz, en declaraciones a este diario.
El Ejecutivo del país nórdico ya había solicitado a los juzgados noruegos que desestimasen la demanda de Long Hope por errores de forma. Para Paz, las "excusas" del Gobierno escandinavo demuestran que tiene "miedo" a perder el juicio. "Primero nos dice que no habíamos reclamado a la Administración, cuando sabían que sí lo hicimos; ahora vienen con esto y también hemos respondido. Cuando intenta escabullirse de esta forma es porque tiene mucho que perder", sentenció Paz. La plataforma convocó para hoy en Santiago una nueva manifestación, la número 60.
Mientras, CCOO y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) se reunirán el lunes en Londres con el antiguo sindicato de los exmarinos cuando residían en Noruega para conseguir que este apoye sus demandas.
