La flota de bandera comunitaria que faena en aguas fuera de la Unión Europa (como por ejemplo, NAFO) está preocupada por la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2017 de la normativa que obliga a desembarcar todas las capturas, conocida como norma de descartes. A partir de esa fecha, los buques se verán en la obligación de llevar a puerto todo lo que pesquen y esta obligación chocará con las normas que imperen, por ejemplo, en algunas de las organización regionales de pesca (ORP). Por este motivo, desde el Consejo Asesor de Larga Distancia (LDAC, por sus siglas en inglés) urgen a la creación de un grupo de Estados miembro para analizar la aplicación de este reglamento en aguas no comunitarias y las soluciones que se pueden dar para solventar las incompatibilidades, que estaría articulado a través de un plan de descartes.
El debate que se está generando ahora mismo dentro del LDAC es el de aquellos que abogan por aplicar la norma de descartes y que sea la UE la que intente solucionarlo más tarde con las ORP y los que apuestan porque primero se solucionen estas incompatibilidades para luego poder iniciar los desembarques. Como ejemplo de este tipo de problemas se puede observar lo que sucede en NAFO. Allí existe una norma que prohibe descartar cuanto ya no hay cuota, entonces, ¿qué pasará a un buque comunitario al que la UE obliga a descartar cuando desde NAFO prohiben esta práctica en estos casos? "Se trata de problema gordo", explica Iván López, vigués miembro del LDAC que recuerda que "hay conflicto porque lo que dice la norma es que fuera de aguas comunitarias reguladas se aplicará la normativa de descartes siempre y cuando la norma de la ORP en cuestión no lo obligue de por sí".
Pese a que la obligación de desembarcar comenzará con especies "poco relevantes" en principio, desde el LDAC creen que desde Bruselas "debe asegurarse la aplicación de todas las exenciones que estén justificadas" con el objetivo de "evitar problemas que afecten a la operatividad" de la flota.
El grupo de trabajo previsto por este consejo consultivo tendría que elaborar un plan de descartes para ser presentado seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento. Esta agrupación estaría presidida por España, como país con más flota en este tipo de aguas, y formado además por Portugal, Italia, Irlanda, Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Polonia, Dinamarca, Lituania y Estonia.
