El PP rechazó ayer una propuesta socialista para modificar el reglamento de la UE que permite no identificar la procedencia del mejillón en conservas que se venden como gallegas, durante la celebración de la comisión de pesca del Parlamento gallego. El diputado del PSdeG, José Ramón Val, explicó que con motivo de la revisión de la Política Pesquera Común se aplicará una nueva normativa de etiquetado de los productos de la pesca y la acuicultura. "La norma deja fuera de estas obligaciones a los productos transformados y en conserva, entre ellos, el mejillón", indicó. Val incidió en que resulta poco ejemplarizador excluir solamente a un sector (el de los transformados y conservas) frente al resto de los productos del mar y demás alimentos. "Confiados en el prestigio, en las garantías y en la calidad alimentaria de las materias primas gallegas y de sus conservas, comprarán productos transformados y conservas que ocultarán su origen", apuntó.

El grupo popular, por su parte, instó a la Xunta a recoger aportaciones de entidades, asociaciones y órganos consultivos de la cadena marítimo industrial ligada al mejillón, para proponer la "mejor fórmula" en "términos viables y positivos para toda la cadena". Los portavoces de la oposición resaltaron que la propuesta socialista procede precisamente del sector y acusan al PP de estar sometido a los intereses de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco). "Llevan años intentando cargarse a Mexillón de Galicia", argumentó Val. "Es una hipocresía argumentar ahora que hay que consultar con el sector cuando la iniciativa parte de él. La postura del PP es un acto de escapismo" declaró por su parte el diputado del BNG, Daniel Rodas.

El secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, descartó por su parte que la Xunta permita que bateas de ostra puedan cambiar a la producción de mejillón, y afirmó que el aumento del cultivo de este bivalvo no está autorizado en Galicia. Así lo explicó en una respuesta al grupo socialista, que preguntó sobre la posibilidad de que la Xunta dé luz verde a esa opción ante la "profunda crisis", aunque adelantó que en la futura ley de acuicultura se estudiará la posibilidad de abrir al sector la ampliación del cultivo de mejillón. "Hemos encargado un estudio a la Universidade de Santiago para que investigue si desde el punto de vista económico sería bueno para el sector esta autorización. Y de ahí saldrá la decisión", apuntó.

Los socialistas denunciaron al respecto que el sector gallego de la ostra está en una profunda crisis desde hace años y explicaron que a principios de los años 80 existían en las rías de la comunidad más de 300 bateas frente al poco más de un centenar de la actualidad. "No me parece que la actividad del cultivo de ostra sea tan catastrófica. Es una actividad económicamente rentable para algunos", contestó Maneiro.

Prohibición del 'finning'

La Cámara gallega aprobó ayer una iniciativa de los populares (con votos a favor de PSdeG y BNG, y la abstención de AGE) para instar a la Xunta a que impulse medidas ante organismos comunitarios e internacionales con el fin de que se amplíe la prohibición del finning -corte de aletas de escualos a bordo de buques pesqueros mientras se descarta el resto del cuerpo- a todas las flotas del mundo, y que no afecte sólo a los buques de la UE como sucede en la actualidad. El diputado popular José Manuel Balseiro expuso su "defensa cerrada" en favor del futuro del palangre y denunció la situación perjudicial de las embarcaciones gallegas, que perdieron competitividad frente a las flotas asiáticas que incumplen los criterios de pesca responsable.

El diputado de AGE, Antón Sánchez, señaló que la prohibición del finning adoptada por la UE es el camino a seguir. "Nos parece bien que Europa lidere iniciativas contra el maltrato animal pero consideramos normal que la flotas gallega y europea se quejen de que compiten en desigualdad de condiciones", apuntó Sánchez.

La iniciativa solicita además a la Unión Europea y al Ejecutivo central más control en los mercados de productos procedentes de la pesca que lleguen a puerto procedentes de países que non acepten medidas de pesca sostenible.