El sector teme que la norma de transbordo en terceros países paralice 244 pesqueros

Estima que la equiparación a importaciones de la pesca congelada trasvasada en el exterior compromete 18.000 empleos »Piden suspender su aplicación, prevista para este mes

01.06.2014 | 04:11
Terminal de contenedores del puerto de Vigo, en Guixar.

Un total de 244 barcos congeladores españoles -arrastreros, atuneros y palangreros de superficie-, en su mayor parte de Vigo y Galicia, podrían verse abocados a paralizar su actividad en las próximas semanas o meses o buscar puertos de descarga alternativos de no lograr el sector su objetivo de aplazar o suspender el cumplimiento inmediato de la normativa comunitaria que les obliga a contar con certificados sanitarios de los países en los que transbordan sus capturas congeladas y sin manipulación a mercantes para dirigirlos a España, mayoritariamente al puerto de Vigo. Y esta situación comprometería también los 18.000 empleos que genera tanto la actividad de estos buques como la industria receptora de esta mercancía, que suma unas 130.000 toneladas al año.

Tales datos fueron los que ayer ofreció a este diario José Antonio Suárez-Llanos, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), que junto con el resto de la flota española, y las patronales de la industria congeladora, transformadora y conservera busca denodadamente y contrarreloj soluciones con la administración sanitaria y pesquera española a este sombrío panorama, que emana de la equiparación de esta mercancía a efectos de controles y certificados sanitarios, a importaciones de terceros países

El propio sector elaboró para la administración española un informe sobre el impacto socioeconómico de la aplicación inmediata -en dos plazos, el 15 de este mes y el 15 de septiembre- de la normativa comunitaria, como ha establecido el Ministerio de Sanidad bajo la amenaza de la amenaza de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Dirección de Sanidad y Consumo (DG Sanco) de la Unión Europea.

El sector afectado, según señaló Suárez-Llanos, pretende que el Gobierno español, basándose en los previsibles daños al sector y que el 96% de la flota congeladora española realiza transbordos de sus capturas -en 24 países-, aplace y suspenda la aplicación de esta normativa y convenza a la UE de la necesidad de encontrar una solución viable a la "diferencia de interpretación de la norma".

Porque, insiste el sector, "no pueden tratarse como importaciones productos pescados por barcos españoles y que llegan en mercante a España sin manipulación previa y que en España pasan todos los controles que exige la legislación". Además, inciden en la imposibilidad de lograr certificados sanitarios en los 24 países terceros donde se producen esos transbordos de la pesca de los buques españoles, cuyas autoridades no los facilitan por no conocer todo el proceso seguido por esa mercancía.

"Lo que pedimos es que se suspenda la entrada en vigor de la norma el 15 de junio y también el plazo de septiembre, hasta que no se resuelva, el problema de interpretación o el asunto práctico de lograr los certificados sanitarios que se nos exigen porque no se nos puede aplicar una norma que no podemos cumplir", reiteró el responsable de Arvi,

A la vista de que a lo más que pueden aspirar de esos países es a lograr un certificado de no manipulación en su territorio de la pesca congelada trasvasada por los buques españoles, como alternativa, avanzó Suárez-Llanos, el sector plantea a las autoridades españolas que se admita como certificado la declaración del capitán del barco, "como ocurre, por ejemplo, en el caso de la normativa contra la pesca ilegal y cuando el capitán es el que mejor conoce y controla las condiciones sanitarias tanto de las capturas como del propio barco, mejor que cualquier país tercero, desde luego".

El portavoz de la flota viguesa, la más afectada de toda España y la UE por esta medida, señala, además sus contradicciones con la propia normativa aduanera, que no considera importaciones a estas mercancías y, en cambio, sí lo es estaría en el nuevo control sanitario, al estar obligada a pasar por un Punto de Inspección Fronteriza (PIF), como ocurrirá en el caso del puerto de Vigo.

"No ha habido soluciones a este asunto desde el año 2010 y estos reglamentos sanitarios son de 2004, hace ya diez años, y se pueden y deben actualizar y adaptar, como se hizo con la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Agraria Común (PAC), por lo que esperamos que la nueva Comisión Europea sea sensible a esta problemática", indicó Suárez-Llanos, quien reiteró que "lo que no queremos son enfrentamientos sino soluciones viables y que permitan mantener la actividad, cosa que se ve difícil si se aplica de inmediato una normativa que rechazaría toda la mercancía que capturan esos 244 buques y que realizan esos transbordos precisamente por ahorro de combustible, una razón ecológica y económica, porque no es viable que vuelvan a España después de cada marea.

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