El sector pesquero y tranformador trasladó al Gobierno y, en concreto, a los ministerios de Sanidad y Agricultura la necesidad de establecer una "vía de diálogo" con la Unión Europea para buscar soluciones "cumplibles" a la inminente obligación dictada por Bruselas de que toda la pesca congelada procedente de buques españoles que llegue a España, en su mayor parte al puerto de Vigo y previo transbordo a buques mercantes en puertos de terceros países, cuente con certificados sanitarios y de no manipulación en esos países, al equipararse a importaciones.

Esta medida, como ya publicó este diario, comenzará a aplicarse, en dos fases, desde el 15 de junio y, de forma definitiva, desde el 15 de septiembre. El sector afectado entiende que la UE "tiene que ser consciente de la trascendencia de una medida que, como a ningún otro puerto afectará al de Vigo", que mueve al año 700.000 toneladas de pesca congelada, de las que unas 100.000 llegan en contenedores después de ser trasvasadas en el exterior y "sin manipulación" por pesqueros españoles. Además de advertir de que los nuevos controles documentales exigidos por Bruselas comprometerán desde el próximo mes de junio la actividad del 90% de la flota congeladora española -mayoritariamente viguesa-, que verá condicionados los envíos de sus capturas a España, también avisan de que planteará serios problemas de actividad a la industria frigorífica y procesadora.

Según ha podido saber este diario, el sector afectado-representado por la propia flota, la industria del congelado y la conservera- analizó el pasado jueves con el Ministerio de Sanidad toda la problemática que se le plantea para cumplir la normativa comunitaria, que el propio Gobierno español le exige tras la amenaza de sanción emitida recientemente por la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Unión Europea (DG Sanco) por incumplimiento de sus normas en este sentido.

Y, el mayor problema planteado a la administración es la "imposibilidad" de conseguir los certificados sanitarios y de no manipulación de la mercancía transbordada por parte de los terceros países. "No podemos obligar a ningún país a cumplir una normativa ajena y tampoco no van a certificar un producto ni pescado en sus aguas ni por sus barcos sino que simplemente ha sido travasado en sus puertos directamente desde la bodega de un pesquero al contenedor de un mercante", señaló a este diario un representante del sector, muy reacio a ofrecer información sobre este asunto.

Además, los afectados avisaron a las autoridades sanitarias españolas de la posible afección de esta normativa en puertos como el de Vigo, cuyo Punto de Inspección Fronteriza (PIF) podría sufrir serios retrasos de cumplirse la obligación, a partir de septiembre, de que toda la pesca congelada de los barcos españoles tenga que pasar por su control.

En la reunión en Sanidad, presidida por un clima de "muy buena disposición y colaboración para, entre todos, lograr soluciones viables", se acordó la inmediata elaboración por parte del sector de un estudio de impacto socio-económico de la aplicación de la polémica normativa de Bruselas, de forma que se pueda argumentar ante la UE la necesidad de modular su aplicación sin comprometer el futuro de las empresas del sector y de la activiadad que, de forma inducida, genera.