Las arcas municipales dejan de ingresar cada año alrededor de nueve millones de euros debido al fraude fiscal de los vigueses. En 2007, el Concello debería haber cobrado un total de 85,6 millones en concepto de impuestos, pero el impago redujo esta cantidad en 8,8 dejándola en 76,8 millones.

En 2006, esta actitud dolosa le restó al gobierno local una recaudación de 9,7 millones y el año anterior, 9,3.

El cómputo de impuestos arroja un defraudador por cada diez ciudadanos, pero la media aumenta en el de circulación -siendo casi dos de cada diez los que cometen el impago- y en el de basura industrial y comercial, que cerró 2007 con cerca de un 25% de recibos sin cobrar.

Los índices de fraude en ambas tasas y en otras como la de basura, bienes inmuebles (IBI) y actividades económicas (IAE) se mantienen en cifras similares a las de años anteriores, siendo ésta última la que registró un mayor porcentaje de pago durante 2007 (96,87%).

Las estadísticas que maneja la Concejalía de Hacienda reflejan un ligero aumento de la recaudación voluntaria, que supuso en 2007 un 88,26% del total frente al 86,6% del año anterior.

Asimismo, el Concello ingresó 1,2 millones de euros por recibos que se cobraron a los ciudadanos con un cinco por ciento de recargo.

La responsable de este departamento, Raquel Díaz, se ha fijado como objetivo para 2008 la reducción del fraude fiscal. "Los datos se han mejorado bastante y casi un noventa por ciento de ciudadanos pagan en fecha, pero nuestra intención es ir aumentando esa cifra", explica.

Para evitar el impago de los impuestos municipales, Díaz prevé medidas como incentivos para el pago voluntario así como la realización de inspecciones que certifiquen el cumplimiento fiscal.

"La creencia de que se puede defraudar sin que pase nada es una leyenda urbana. Los vigueses deben pagar sus impuestos por una cuestión de justicia social", advierte.

Bajas

Respecto a las bajas que figuran en la tabla de datos, la concejala de Hacienda aclara que no se justifican por las exenciones fiscales, sino que se deben al cese de actividad o cambios en las titularidades de la vivienda.

En el caso del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, apunta "al alto número de bajas firmadas por minusvalías".

La cuantiosa cifra de anulaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (961.575) se justifica por recibos que no se anularon a finales de 2006, sino durante el año siguiente.