El PP exige al gobierno local la puesta en marcha de una campaña informativa sobre el impuesto de plusvalía y que paralice el cobro de forma inmediata de las autoliquidaciones cuando la venta de inmuebles se realice con pérdidas para el propietario del inmueble. Elena Muñoz cifró en seis mil personas los vigueses que este año ya han perdido el derecho a recuperar la devolución del impuesto dentro del plazo de prescripción de cuatro años que establece la normativa. Esta semana se cumplió un año desde la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el cobro.
La oposición lamenta que pese al tiempo transcurrido "no se informe de nada a los vecinos" y que la liquidación del presupuesto de 2017 demuestra además que se recaudaron 9,4 millones de euros por este concepto cuando la previsión era de 6,4 millones. Se ingresó un 50% más de lo previsto pese a tratarse de un impuesto cuestionado judicialmente.
En opinión de la dirigente popular, "el balance es tremendamente negativo para los vigueses", recordando que ayer mismo estaban prescribiendo las autoliquidaciones presentadas el 16 de mayo de 2014. La media realizada por el PP sale a veinte personas diarias que pierden su derecho a recuperar lo que tributaron.
Ante la incertidumbre generada en los contribuyentes, Muñoz reclamó la necesidad de activar una campaña informativa que oriente a todos los afectados. "El Concello se gasta el dinero en otras campañas menos útiles", denunció la popular, que exigió "actuaciones muy concretas" y clarificadoras.
"Que se dejen de cobrar las autoliquidaciones cuando se acredite una pérdida patrimonial y que devuelvan a los ciudadanos que lo soliciten el dinero indebidamente cobrado", insistió la portavoz local recordando que se está tramitando la reforma legal sin que se conozca por ahora quién asumirá los costes de esos ingresos perdidos.
Petición de los alcaldes
Por su parte, el alcalde y presidente de la FEMP recalcó ayer que es el Gobierno central el que tiene que afrontar "hasta el último céntimo" de las devoluciones por la anulación parcial de las plusvalías. "¿Quién es el responsable de la ilegalidad de la ley?", se preguntó Abel Caballero, que coincidió en que esas cuantías tienen que poder devolverse y que debe hacerlo el Ministerio de Hacienda. De hecho, remarcó que "todos los ayuntamientos de España de forma unánime urgieron a Montoro a asumir ese gasto. También el Pleno de Vigo hace unos meses.
