Alonso F.C. reconocía hace unas semanas ante la Audiencia viguesa haberse dedicado al menudeo. Durante la vista, el acusado se conformó a tres años de prisión y se solicitó la suspensión de la misma. La condición del tribunal pasa por su desintoxicación de las drogas así que deberá presentar un certificado de Alborada que justifique el tratamiento. Si no quiere entrar en prisión tendrá que evitar las drogas y para corroborarlo se le ordenó no cortarse el pelo para que pueda someterse a análisis toxicológico.
Como él, son muchos los que eluden su entrada en la cárcel al participar en programas de desintoxicación. El año pasado más de 350 condenados participaron por orden judicial en tratamientos de desintoxicación de drogas, de los cuales medio centenar se corresponden a penados que pidieron sustituir sus condenas o sustituirlas a esta condición.
Esta ausencia de voluntariedad semeja, a priori, un peligro para la terapia ya que no es el propio usuario quien insta su participación. Pero la realidad es completamente distinta. "La gran mayoría tienen éxito, lo que en principio se trata de un tratamiento obligado por acción de la justicia se termine convirtiendo que tienen un alto nivel de eficacia. Aquel que lo hace sin motivación, pasados unos meses se da cuenta de que el cambio es importante, que merece la pena. La reincidencia durante el tratamiento es baja, no es superior al 20%", reconoce Jesús Cancelo, psicólogo clínico y director de Alborada.
A los condenados que se les concede el beneficio de la suspensión de condena están obligados además de a no delinquir durante el tiempo de la misma, a no abandonar el tratamiento en el centro adscrito y garantizar éxito en el tratamiento, es decir que no hay consumo. ¿Y cómo realiza estos controles Alborada? "Enviamos informes periódicos al juez y luego hacemos controles de orina, pero solo recoge el consumo de hace una semana, por eso donde más se puede notar el consumo de una sustancia es en el pelo. Por lo tanto, los forenses del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) recibe la orden del juez de que se les realice un corte de pelo y se les analice. Están obligados a no afeitarse porque puede ser una manera de obstrucción a la justicia", añade Cancelo. Sostiene además que en estos casos un tratamiento ambulatorio puede ser muy "útil" y "satisfactorio" para el paciente. "No tienen porque internarse en el centro pueden llevar una vida normal, sino que pueden trabajar, vivir en su casa, atender a su familia, solo hacer este seguimiento", aclara.
Los controles si es con medida judicial son periódicos -"cada semana o cada mes, según nos recomiende el tribunal"-, sino solo depende de los terapéuticos del centro. "Primero son semanales y luego mensuales, etc. Va muy ligado al factor de credibilidad del sujeto", observa el responsable.
Tratamientos voluntarios
Actualmente la asociación, que cuenta con 50 profesionales de psicología, médicos, psiquiatras, enfermería, farmacéutica, educadores, monitores, etc., atiende a más de 1.700 personas. De ellas poco más de 20% responden a mandatos judiciales. Si bien este porcentaje es una tendencia ya asentada, un lustro atrás distaba por completo. "Hay una cuestión muy clara: antes el 70% de los adictos tenían problemas judiciales y ahora es al revés, porque la sociedad avanza, se aprende y porque hay muchos programas adaptados a la medida de cada usuario", explica el director de Alborada.
Los índices de éxito o de reincidencia van intrínsecamente ligados a la condición social o de arraigo del paciente condenado. "Hay que hace un doble grupo; los que están en una situación de exclusión social, que viven en la calle, no tienen familia? En estos casos es complicado que durante 3 años se mantengan bien. Y segundo, hay un grupo que se llama de patología dual, con casos graves de psicopatías o trastornos de la personalidad que faltan al tratamiento por esta situación", concluye Jesús Cancelo.
