La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva ofreció "toda la colaboración" de los servicios de la institución provincial a la totalidad de los ayuntamientos de la provincia para "poder implementar" las nuevas exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público. Silva aseguró que es "muy escaso" el plazo de cuatro meses dado por el Gobierno para que la administración local pudiese adaptar sus sistemas lo que generó "importantes dudas".
Por ello, Silva reclamó "plazos más amplios y recursos económicos" para poder implementar la nueva normativa en los ayuntamientos más pequeños, asegurando que están surgiendo complicaciones "incluso para los ayuntamientos más grandes que tienen más recursos y personal para poder adaptar sus sistemas".
La presidenta de la Diputación criticó además que el Ejecutivo siga "sin atender la realidad del país" apruebe normas y leyes "con plazos muy pequeños y sin dotación económica" una forma de actuar que ha calificado de "muy habitual". "Con la Ley de Contratos ocurre lo mismo", aseveró Silva. "No hay recursos de ningún tipo para poder implementarla" pero "como la tenemos que cumplir por el principio de la legalidad sí que tenemos que hacer este llamamiento", esgrimió.
