Los problemas económicos que arrastran desde hace siete años los aparcamientos subterráneos de Jenaro de la Fuente y la avenida de Castelao han acabado en los tribunales. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña aprobó el 15 de noviembre pasado el plan de liquidación de Cocheras Olívicas, la firma instrumental creada por el Grupo Puentes para la gestión de estas dos instalaciones, y hace apenas unos días dictó el auto de "cese de actividad y cierre de oficinas, establecimientos o explotaciones de las que fuera titular". Pero la ejecución de esta última parte queda en suspenso "pendiente de la resolución que recaiga en sede judicial" puesto que el grupo empresarial tiene recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo la decisión de la Junta de Gobierno Local de Vigo denegando la resolución del contrato sin apercibimiento económico que solicitaba Puentes aduciendo la insolvencia económica de la empresa.
Los informes jurídicos municipales tildan de "fraude de ley que el concesionario pretenda resolver el contrato por la vía de solicitar un concurso voluntario de acreedores de la sociedad instrumental encargada de la gestión de los parkings". Los jurídicos locales reprochan al Grupo Puentes que solicitara el concurso "con unas pequeñas pérdidas perfectamente asumibles por la empresa matriz, solo con la finalidad de conseguir la resolución del contrato", una vía que impediría al Concello aplicar la legislación administrativa y la resolución del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones por parte de la concesionaria.
Esta es la vía a la que el Concello advierte que recurrirá si en el plazo de un mes contando desde el 26 de febrero Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. no continúa con la gestión de los dos aparcamientos de 474 -Jenaro de la Fuente- y 404 plazas -Castelao-, ambos abiertos en el 2010 como integrantes de un contrato mayor que incluía un tercer subterráneo en Rosalía de Castro que la firma nunca llegó a construir por considerar que la operación no era viable económicamente.
Los pliegos del concurso de estos aparcamientos fueron aprobados en los últimos meses del gobierno de Corina Porro y las instalaciones se construyeron en los tres años siguientes con Abel Caballero en la Alcaldía. Desde el primer momento se constató que las previsiones sobre la ocupación de las plazas de rotación y la demanda de plazas para residentes habían sido demasiado optimistas y las cuentas no salían.
Puentes lleva más de tres años intentando negociar con el gobierno vigués para intentar llegar a una salida satisfactoria para ambas partes. Fundamentan su petición de deshacerse de la concesión en motivos "estrictamente económicos" y de nuevo ayer insistían en que "será un juez el que resuelva", ya que el grupo y el Concello no llegan a un acuerdo sobre la titularidad de la concesión de los parkings cuyo futuro está en el aire. Por ahora continúan abiertos y el personal asegura desconocer la situación legal en la que se encuentran.
La Concejalía de Contratación de Vigo entendía que tras solicitar el concurso de acreedores el Grupo Puentes debía recapitalizar la sociedad creada "ad hoc" para gestionar los dos aparcamientos de Vigo y ahora que se ha confirmado su cese que debe asumir directamente la gestión. Esto es lo que le pide en el requerimiento aprobado el pasado 26 de febrero pasado. En ese documento se advierte a la empresa de que si no continúa con con la explotación de los recintos incurrirá en una infracción muy grave y puede ser apercibida.
Por el contrario, Puentes pretende hacer valer en vía contencioso-administrativa que los 526.256 euros de deuda que reflejaban las últimas cuentas presentadas por Cocheras Olívicas justifican la petición de concurso voluntario de acreedores y de resolución de la concesión con la consiguiente entrega de los dos parkings al Concello de Vigo, propuesta denegada por Praza do Rei de forma reiterada.
Al no ponerse de acuerdo, será un juez el que determine el futuro de las instalaciones toda vez que las dos partes no llegaron nunca a materializar el acuerdo planteado en junio de 2015 por el cual el Concello ofrecía indemnizar a la concesionaria con 6,4 millones a cambio de que renunciase al lucro cesante que dejaría de percibir tras la modificación del contrato y de inyectar 1,6 millones a la tesorería de Coches Olívicas para asegurar financieramente el contrato. El Consello Consultivo de Galicia desaconsejó la operación, lo que abocó a Cocheras a la liquidación y deja las instalaciones en una situación de incertidumbre.
