La crisis de Transportes Souto viene de lejos. La compañía, el mayor transportista de la industria de automoción en Galicia, ya había evitado por los pelos la entrada en concurso de acreedores el año pasado gracias a un crédito de 2 millones de euros de XesGalicia. Pero su elevado endeudamiento y la pérdida de confianza por parte de los bancos y clientes hizo que la situación volviera insostenible y el pasado miércoles suspendió operaciones, como avanzó este diario. El consorcio, que da empleo a más de 1.500 personas entre personal propio, de pymes y autónomos, ya ha vaciado almacenes y comunicado por e-mail a sus empleados que no acudan a sus puestos de trabajo a cargo de días de vacaciones, a la espera de que comiencen las negociaciones con los sindicatos.

El grupo estaría en preconcurso de acreedores desde el pasado viernes, pero sus problemas de financiación se remontan años atrás, según señalaron fuentes sindicales. Souto experimentó una fuerte expansión en la última década, que derivó en una abultada deuda que roza los 70 millones de euros. Esta situación a punto estuvo de forzar su suspensión de pagos ya el año pasado, pero la inyección de un crédito de 2 millones de euros por parte de XesGalicia le permitió mantener sus operaciones. Al menos hasta la semana pasada.

Fuentes consultadas explicaron que Souto no ha sido capaz de trazar un plan de negocio que convenza a bancos y clientes, pese a tratarse de un gigante logístico (opera 356 vehículos de ruta y 725 unidades de reparto) con 120.000 m2 de instalaciones por toda España y Portugal, y que tiene al Grupo PSA, a través de Gefco, como gran cliente. Precisamente ese fuerte vínculo con PSA y la automoción es el que quieren explotar los sindicatos, que aspiran a que los empleos que pueda perder Souto sean subrogados a otras compañías del sector que presten servicios a la factoría viguesa y a sus proveedores.

CC OO presentó este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo por supuesto alzamiento de bienes, al detectar el desvío de gabarras y personal de Souto a una compañía vinculada a los propietarios del grupo pero con sede en Madrid, Logixtalia, como recogió ayer este periódico.

Este sindicato, mayoritario en el comité (tiene tres delegados, y UGT, dos), acusa la dirección de la compañía de "ocultismo" y de "no dar la cara" ante el personal. De hecho, empresa y sindicatos no han vuelto a reunirse, pese a que Souto ha nombrado interlocutor a un bufete de abogados. Ayer, los trabajadores mantuvieron un encuentro con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quien les ofreció su colaboración.