En condiciones normales en cinco días laborables, los que iban hasta ayer de huelga, en los juzgados de Vigo se hubiese dado trámite a 900 demandas nuevas, remitiéndolas a sus respectivos tribunales. Pero la parálisis en la actividad ha reducido la cifra al mínimo. Y es que desde el miércoles pasado, fecha en la que arrancó el paro de funcionarios, sólo se tramitaron 46 demandas, el 5% de lo habitual. Son las que abordan materia de servicios mínimos. La mayoría -39- se enviaron a los juzgados de Primera Instancia, entre los que están los de Familia. Las 7 restantes fueron remitidas a los de lo Social. Y en los de lo Contencioso-Administrativo no entró ni un solo nuevo caso.

La huelga indefinida cumplió ayer su quinto día. Otra jornada de paro masivo. "Aguantar, aguantar y aguantar; malo será que no tengamos para comer", fue la consigna que los sindicatos transmitieron a los funcionarios -que cada día de paro pierden entre 60 y 80 euros de su sueldo- en una abarrotada asamblea en la que se informó sobre la última oferta de la Xunta. "Es ridícula", describieron ante un auditorio de más de 120 trabajadores.

En Vigo ayer se suspendieron casi cien juicios. Y declaraciones, videoconferencias... Un piquete informativo formado por sindicalistas y algunos funcionarios recorrió los dos edificios. No hubo bombos ni silbatos. El juez decano en funciones, José Manuel Díaz, les prohibió hacer ruido dentro de los inmuebles. Eso sí, los huelguistas entraron, aprovechando recesos, en dos salas de vistas, ambas de Familia, donde se celebraban juicios.

La juez sustituta de uno de estos tribunales les explicó que las vistas fijadas era porque había menores y un aplazamiento supondría dejarlas para más allá del verano, ya que tienen la agenda cubierta hasta junio o julio. "Buenos días y suerte", se despidió la magistrada cuando los huelguistas se fueron. Más disconforme se mostró el piquete, si bien la aceptó, con la decisión de la otra juez de Familia: "Nos dice que considera todo servicios mínimos". Entre los juicios había tres de incapacidad. "Eso no es urgente", advertían.

Excepción

En todo caso la actividad sigue muy parada. Un ejemplo es la oficina de registro y reparto de asuntos. En el sistema telemático Lexnet tienen más de 2.330 nuevas demandas y escritos intermedios paralizados -1.806 son de Primera Instancia-, sin tramitarlos ni repartirlos al no ser de servicios mínimos. A estos hay que añadir más de 150 que se traspasaron al programa Minerva, pero con el único fin de que no se colapse Lexnet. Entre los expedientes parados hay 271 denuncias penales de todo tipo de delitos.

La oficina únicamente de trámite a lo que obligan los servicios mínimos. En lo que se refiere a nuevas demandas solo se repartieron 46 desde que arrancó la huelga: 39 de civil, 7 laborales y "cero" contenciosas. En cuanto a escritos intermedios -de litigios ya judicializados-, a los tribunales de estas tres jurisdicciones se remitieron 458, apenas el 20% de los más de 2.200 que se hubiesen elevado de no haber paro.

"Pero todo lo que está sujeto a servicios mínimos se tramita; y al juzgado de Violencia sobre la Mujer enviamos todo", incidían en el servicio, remarcando además que en materias no urgentes hacen excepciones cuando aprecian una situación límite. Como la de un joven que debía ratificar un divorcio de mutuo acuerdo. "Vino con los billetes de avión justificando que tenía que ir a EE UU y llamé al juzgado para que lo atendieran; sino perdería los 1.000 euros del viaje", cuentan. Otro caso fue el de una trabajadora que llevaba dos años esperando por una indemnización de 16.000 euros. Se dio trámite al asunto.

Y hoy los funcionarios organizan como acto de protesta, debido a estas fechas de Carnaval, el entierro de la "Justicia". Se vestirán de negro, llevarán velas y pedirán en el Registro Civil la licencia de enterramiento: "Es para simbolizar que la Xunta está dejando morir la Justicia".