Uno de los macrojuicios de A Pedra paralizado al prolongarse y estancarse el proceso de negociaciones entre las partes de cara a alcanzar un acuerdo tiene al fin fecha. El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha señalado para enero de este próximo 2018 la vista de conformidad de una de las grandes causas del popular mercado vigués, la que engloba los operativos realizados en 2006, 2007 y 2010. Un proceso judicial con 40 comerciantes acusados que se abrió hace más de una década. Aunque las conversaciones entre Fiscalía, abogados defensores y letrados de la acusación particular -en representación de las marcas- de cara a llegar a una conformidad que evitase el juicio comenzaron en 2015, en los últimos meses esta fase estaba parada. La gran mayoría de encausados mostraron su disposición a asumir el acuerdo planteado, pero al menos 5 de ellos no lo aceptaron, algo que, según las fuentes consultadas, contribuyó a bloquear un procedimiento que ahora acaba de recibir un impulso.

"Visto el estado de la presente causa y el tiempo transcurrido a las partes para llegar a una posible conformidad, se acuerda el señalamiento de vista para conformidad el día 19 de enero de 2018 [...]", afirma la magistrada a la que corresponde el enjuiciamiento de este caso en una providencia, con fecha de este 13 de octubre, que fue notificada esta semana a las partes. En la misma resolución la juez señala que dado el gran número de acusados y abogados personados -junto a los letrados de los 40 comerciantes también están personados juristas que actúan en representación de más de una decena de marcas-, el proceso no se celebrará en la sala de vistas de Penal 2, sino que será en la de la Audiencia viguesa, más grande. En principio, y dado que la vista se fija de cara a oficializar una conformidad, solo se citará, además de a los acusados, a la Fiscalía y a los abogados. No se convocará por ello ni a testigos ni a peritos.

Este procedimiento versa sobre la Operación Pedrada de febrero de 2006, otra de junio del año siguiente y la Operación Berlín, de septiembre de 2010. En su escrito de calificación provisional presentado en diciembre de 2013 el Ministerio Público acusaba a los comerciantes de delitos contra la propiedad industrial y en algunos casos solo de falta, solicitando penas que sumaban en total 45 años de prisión y más de 670.000 euros en multas, así como indemnizaciones para casi 60 marcas textiles.

Sin embargo, en 2015, tras las primeras reuniones de cara a un acuerdo, la Fiscalía planteó rebajar hasta el mínimo que contempla el Código Penal las peticiones de condena, tanto en lo relativo a cárcel como multas. Asimismo, las marcas aceptaron reducir sus solicitudes de indemnización por las más de 14.000 prendas falsificadas intervenidas. La mayoría de los acusados aceptaron el acuerdo, pero no así cinco de ellos, según las últimas informaciones que trascendieron. En enero se sabrá si esta macrocausa podrá cerrarse con conformidades o al menos en algunos casos habrá que ir a juicio.