El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria rechaza la iniciativa del presidente la institución, Enrique López Veiga, de privatizar la gestión de las lonjas, y amenazan con emprender "medidas legales" si se cambia el modelo de explotación de las rulas.

Aunque ya dejó claro que todavía es un planteamiento, López Veiga ha justificado su intención de privatizar las lonjas por el déficit que arrojan, de un millón de euros. Al igual que la asociación de vendedores, la plantilla portuaria no se cree esas cifras negativas que en realidad proceden de la contabilidad analítica de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aseguran que el presidente hace un uso "torticero" del citado informe con "incongruencias" como que entre los ingresos financieros del puerto pesquero no consten los aportados "por todas las concesiones y autorizaciones del puerto pesquero, que abarcan a más de 400 empresas", y sin embargo, añaden, "los costes del mantenimiento de esas concesiones y de los espacios donde se hallan sí los atribuye a gastos de la lonja únicamente".

El rechazo "inequívoco" del Comité a la privatización se debe a su convencimiento de que un gestor privado supondría una "merma económica para los usuarios, que tendrían que pagar más por menos servicios". Así avisan que seguirán "con lupa" la elaboración del pliego de condiciones del "supuesto" concurso de esa concesión y que "no nos temblará el pulso a la hora de emprender las medidas legales que considere oportunas". Concluyen su comunicado apelando a la representación del alcalde Abel Caballero en el consejo de administración del Puerto para que paralice el plan de López Veiga.