Rosa Ricoy coordina una titulación única en Galicia cuyos alumno, tras formarse en materias clave para trabajar tanto en la Administración Pública como en la empresa, desde el Derecho a la Economía, pasando por la Ética o el gobierno electrónico, optan a oposiciones del grupo A o son contratados en asesorías, ayuntamientos o diputaciones. Además de la modalidad tradicional en el campus de Pontevedra, se puede cursar en régimen de semipresencialidad, lo que constituye una oportunidad para empleados públicos y otros trabajadores en activo.

-¿Cuál es el nivel de empleabilidad de la carrera?

-Somos uno de los grados de todo el sistema universitario gallego con mayor empleabilidad y en menos tiempo. Los alumnos pueden optar a las oposiciones del grupo A y también tenemos un acuerdo con el Colegio de Gestores Administrativos de Pontevedra para que accedan directamente al examen de certificación. Tenemos acuerdos con más de 40 entidades públicas y privadas y muchos se quedan tras realizar sus prácticas en ayuntamientos, diputaciones, el Valedor do Pobo o el Parlamento.

-También ofrecen una doble titulación con la Universidad de São Paulo.

-Es una de las universidades más prestigiosas de Iberoamérica y tenemos becas específicas. Nuestros alumnos deben cursar en São Paulo dos semestres y viceversa. Acabo de estar allí y el próximo curso tendremos a 18 estudiantes brasileños. Y estamos intentando que vayan más desde aquí. Además, como novedad, a partir de septiembre impartiremos 5 materias en inglés de 6 créditos ECTS cada una para abrir la titulación a otras universidades europeas. En breve cerraremos el acuerdo con dos de ellas. La idea es que nuestro grado sea uno de los más internacionales de la Universidad de Vigo y en 2018/19 aumentaremos las materias a 10 para que los "erasmus" puedan completar un curso entero en inglés.

-El grado es uno de los mejor valorados por los egresados y, junto con el máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, se mantienen cada año entre los mejor situados en el ranking de satisfacción de los estudiantes.

-Muchos de los mejores docentes de España imparten clase o colaboran en ambos programas. El máster ya se cerró en la primera preinscripción de julio y el grado, que oferta 20 plazas presenciales y 25 semipresenciales, tuvo que admitir a más alumnos el año pasado debido a la demanda. Se matriculan muchos funcionarios de la Administración local, la Xunta o el Sergas, también alcaldes y algún directivo de empresa, e incluso guardia civiles. Es muy gratificante impartir clase a alumnos con perfiles tan variados porque pueden aportar mucho. Los debates que se generan son de mucha riqueza.

-Incluso les pueden poner en un aprieto con sus preguntas...

-(Risas) Los profesores estamos deseando que nos hagan preguntas complicadas porque no es lo común. Los docentes del grado formamos parte de proyectos y de redes nacionales e internacionales, y lo mejor que te puede pasar es que te pregunten algo que no sabes. Es lo ideal, aunque pueda pensarse lo contrario, porque te obliga a estar al día y reciclarte.

-¿Cómo se forman los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías o la administración electrónica?

-Pueden hacernos la vida más fácil, pero también suponen riesgos a nivel de derechos fundamentales. Hay muchos temas por discutir y analizar, ya no solo referentes a la vulnerabilidad de la intimidad, sino de infraestructuras críticas relacionadas con servicios clave, tanto desde el punto de vista del control de la información como de la seguridad frente a atentados. Además de algunas materias específicas continuamente tenemos cursos de especialización sobre estos temas o la brecha digital.

-FARO publicaba hace unas semanas que 190.000 gallegos piden ayuda para realizar trámites oficiales por internet.

-Las nuevas tecnologías deben aplicarse de forma que no pongan en riesgo derechos fundamentales y en esto habría que hacer un poco más de esfuerzo y dar apoyo a ciudadanos y funcionarios. El grado incluye una materia de Ética Pública y otras relacionadas con este tema tan necesario a la hora de dirigir y gestionar recursos, tanto públicos como privados, o en los procesos de contratación y tributos. Hacemos especial hincapié en contribuir a una sociedad mucho más democrática y plural. Queremos que nuestros alumnos sean críticos a la hora de evaluar políticas públicas y proyectos y que sean consecuentes con las novedades legislativas o tecnológicas. Son personas bien formadas en lo público y lo privado, polivalentes y proactivos.

-¿Puede ayudar esta formación a reducir los niveles tan altos de corrupción que sufre el país?

-Obviamente, el Código Penal no ha sido suficiente para evitar estas conductas. Nosotros intentamos formar a gente íntegra, con valores y dispuesta a mejorar servicios teniendo en cuenta la ética y siendo responsable, lo que redundará en una mejor sociedad. El Derecho y las Ciencias Políticas conducen a mejorar el Estado y a una ciudadanía más contenta, en definitiva, al bienestar. Si la sociedad ve que los responsables públicos hacen buen uso de los fondos se implicarán más. Las políticas deben ser atractivas para todas las escalas sociales y esto incluso redunda en aumentar la seguridad. También hacemos énfasis en cuestiones que van más allá de la política de un país o de la UE, como el medio ambiente, y que requieren de políticas muy fuertes de alcance transnacional.

-¿Están mejorando los egresados la gestión de las empresas y administraciones gallegas?

-Cuanto mejor formemos a nuestros alumnos mejores gestores serán de lo público y lo privado. Y esto se está reflejando en los datos de empleabilidad.

-¿Qué papel pueden jugar en las smart cities como la de Vigo?

-Pueden aportar mucho. Tenemos una asignatura de tecnologías relacionadas con la Administración Pública y otra de gobierno electrónico. Ejemplos como el del reciente fallo de seguridad en el sistema de notificaciones de Justicia evidencian que hay que ser cautelosos. La smart city de Vigo ha recibido muchos premios que reconocen sus esfuerzos, pero el reto de todas ellas es impulsar la implicación de los ciudadanos.