El Grupo de Empresas Álvarez (GEA) estaba en un "momento dulce" cuando fue vendido por el INI a Pickman-Estudesa, aseguró ayer su exdirector financiero, Manuel J.A. Somoza, que compareció ayer como testigo en el juicio contra cuatro antiguos propietarios por la quiebra del grupo.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial acogió ayer la declaración de tres testigos, Manuel J.A. Somoza; Luis Felipe Cartesana, secretario del Consejo de Asuntos Jurídicos del INI que se limitó a señalar que su única vinculación fue la firma de la escritura de compra-venta y un extrabajador, Ricardo Domínguez, integrante del Grupo de Opinión GEA (GOG), que ejerce la acusación particular. Al igual que en la primera jornada, los acusados Vicente Mata y José Orozco permanecieron sentados en primera fila mientras que los otros dos, los hermanos Mariano y Francisco Jiménez, en la bancada de los letrados ya que se defienden el uno al otro. El quinto encausado, Enrique Tatay, está declarado en rebeldía.

Somoza, en la actualidad administrador judicial de los terrenos de GEA, fue director financiero nombrado por el Instituto Nacional de Industria (INI) hasta 1992. Durante su declaración, admitió que la empresa "daba pérdidas" pero que antes de su venta se hizo un saneamiento de la deuda, que cifró en 6.000 millones de pesetas, y se acordó una reducción de la plantilla, "demasiado grande". "Se cancelaron los préstamos que suponían unos 2.000 millones en intereses y se pactó la reducción de plantilla por lo que se eliminaban las razones de las pérdidas", subrayó el exalto cargo. Por ello, reiteró, la empresa estaba en un "momento dulce" cuando se vendió a Pickman-Estudesa. "Yo la hubiese comprado por cien millones. No era un precio simbólico, era lo justo", aseveró contradiciendo lo dicho en la jornada anterior por los acusados de que la compra fue una operación "política" y que se acordó con el INI el pago de 100 millones que luego tenían que ser devueltos.

Fueron en concreto 115 los millones que salieron de las arcas de GEA apenas siete días después de la firma de la escritura de compra-venta a través de cheques al portador. "Es irregular y lo sigue siendo a día de hoy hacer en cualquier empresa seria talones al portador por 100 millones", sostuvo Somoza, que aseguró que "nadie" le dijo que esa operación "fuese una contraprestación por el precio abonado por la venta". Además, precisó que los talones fueron contabilizados "como un préstamo" en el balance anual pero que para entonces ya había sido "apartado" de la empresa.

En último lugar testificó Ricardo Domínguez, trabajador de GEA desde los 70 hasta el cierre de la empresa. Según su relato, los trabajadores cobraban "puntualmente" pero tras la venta comenzaron los problemas. Al igual que declaró Somoza, Domínguez también afirmó que "no le costaba" que los nuevos propietarios tuviesen un plan de viabilidad para la empresa que, aseguró, "se compró a sí misma" al respecto de los cheques al portador cuyos recibí él mismo entregó al fiscal. "Como había peleas internas entre ellos nos mandaban información unos en contra de los otros", aseveró. También aclaró que el GOG fue creada como asociación al margen del comité de empresa, que "no solo no nos representaba sino que nos amenazaba".

Pronto, relató, comenzaron los atrasos en el pago y posteriormente el pago del 15 o el 10 por ciento de la nómina y llegaron los meses sin cobrar. "En el 94 debimos cobrar tres salarios en todo el año y en Navidad nos dieron 25.000 pesetas y una carta por ser "tan colaborativos" y trabajar sin cobrar", lamentó.

Al respecto de los directivos que se fueron sucediendo al frente de GEA y, posteriormente, de las empresas nuevas en las que fue segregada, subrayó que "eran la misma gente pero iban cambiando de cara conforme iban sangrando dinero a la Xunta y al INI".

Preguntado sobre el crédito de 450 millones de pesetas pedido a nombre de Vanosa con el aval de terrenos de GEA pero que se ingresó en Estudesa y que supuso la pérdida de los terrenos en favor del Banco Exterior tras el impago, Domínguez dijo que "no puedo probarlo pero sabemos que ese dinero fue para pagar al señor Vicente Mata por marcharse con trescientos millones del accionariado". Domínguez, al que le adeudan "unos diez millones de pesetas", manifestó que fue "castigado" por su activismo como el resto de "cabecillas" del GOG.