La entrada en vigor de las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace poco más de un año ha gestado un nuevo escenario judicial. Sus efectos no fueron puntuales y mes a mes siguen contribuyendo a desatascar el colapso reinante en los tribunales. La despenalización de las faltas o el hecho de que ya no lleguen al juzgado los atestados policiales sin autor conocido, ha causado el desplome de asuntos en las ocho salas de Instrucción: de los más de 10.000 que hubo en los tres primeros meses de 2015 se ha pasado a poco menos de 5.000 este año. Los expedientes han caído a más de la mitad en los últimos dos años y se han dejado notar en el balance global del primer trimestre del año en el partido judicial vigués.
Los juzgados de Vigo han cerrado estos primeros meses de 2017 con 11.204 nuevas causas, un 14% menos que en el mismo período del año pasado- que sumó un total de 13.020 casos- y un 42% por debajo si lo comparamos con los ejercicios de mayor avalancha de asuntos coincidiendo con épocas de crisis económica. Cada uno de las ocho salas instructoras han visto reducida su carga de trabajo en 640 expedientes en relación a la que soportaban en 2015.
En el lado opuesto encontramos la actividad en la jurisdicción laboral, donde la cifra de litigios sí aumentó en relación al ejercicio pasado. Los cinco juzgados de Social más el sexto tribunal de refuerzo, sumaron un total de 1.510 asuntos, un 12% más de los que se tramitaron en 2016. Las incapacidades y despidos acaparan ya uno de cada cuatro asuntos mientras el pago de salarios siguen siendo el procedimiento estrella de estos órganos. También los pleitos en los tres juzgados de lo Penal de Vigo se incrementaron un 16% en relación al mismo periodo del año anterior.
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En cuanto a las demandas interpuestas en los doce tribunales de Primera Instancia, la cifra se redujo cerca de un 16% sumando un total de 3.998 expedientes frente a los casi 5.000 del periodo anterior. Los que también experimentaron una caída notable en el número de asuntos es en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde se registró un descenso del 39% en el número de pleitos. Un gran porcentaje de esta caída se centra en el descenso del número de reclamaciones por el abono de pagas extras de funcionarios de Sanidad y Educación, que sumaron 30 este año frente a las 162 del pasado año.
