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Un estrecho margen urbanístico y grave riesgo de indemnizaciones

El Plan de 1993 está desfasado, impone fuertes limitaciones y adolece de inseguridad jurídica - Afectados empiezan a presentar reclamaciones económicas

La anulación del Plan Xeral no dejó a Vigo sin ordenamiento urbanístico, ya que automáticamente entró en vigor el anterior, pero deja un margen de maniobra muy estrecho por tiempo indefinido y los riesgos son graves. Propietarios afectados por la caída del PXOM ya han empezado a presentar, según dejó entrever hace unos días el alcalde, reclamaciones patrimoniales que pueden abocar a las administraciones, -Concello o Xunta-, a enfrentarse a importantes indemnizaciones.

El PXOM que ahora rige en la ciudad data de 1993. Está anticuado y superado en muchos aspectos por normativa posterior, además de adolecer de inseguridad jurídica, como ya demostró en su vigencia anterior al emitirse numerosas sentencias en contra que, entre otras consecuencias, dejaron a cientos de familias con riesgo de derribo de sus viviendas.

La anulación del Plan de 2008 elimina de un plumazo decenas de urbanizaciones proyectadas como la de Barrio do Cura, Praza de España, A Seara, Beiramar o Guixar. También parques industriales como el de Matamá, y equipamientos como la Ciudad del Deporte.

Con todo, el Plan '93 sí permite otorgar licencias directas y da cierto margen. Por ejemplo, la instalación de la Ciudad de la Justicia en el antiguo Hospital Xeral tiene cabida, mientras que la ubicación en la que se proyectaba, detrás de los Juzgados, quedó invalidada. El fallo, además, no afecta ni al Plan Especial de Edificios a Conservar -que ordena gran parte del centro-, ni al del Casco Vello, ni al de Bouzas. Los arquitectos, de hecho, han notado un repunte en su actividad.

Sin embargo, la base urbanística de Vigo es precaria, a lo que se une que han cambiado la calificación y condiciones de desarrollo de cientos de miles de metros cuadrados de suelo, frustrando las expectativas de particulares y promotores que ya habían realizado trámites u operaciones de compraventa; y alcanzando también a los dueños de viviendas que estaban en proceso de legalización. La situación puede desencadenar una oleada de reclamaciones en tanto no regrese la normalidad urbanística.

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