El Tribunal de Cuentas ve infracciones en el sobrecoste de la ampliación del puerto de Gijón

El órgano nombra a un instructor después de que un informe acuse a la constructora de beneficiarse de los millones pagados a mayores por la Autoridad Portuaria de El Musel

11.07.2016 | 01:48
Vista parcial de la ampliación del puerto de El Musel. // LNE

El caso por el sobrecoste de las obras de ampliación de El Musel ya tiene otro frente completamente abierto, el del Tribunal de Cuentas. Este órgano fiscalizador ha nombrado un instructor para su investigación, una vez recibidos informes tanto de su fiscalía como de la abogacía del estado en el que aprecian irregularidades en la contabilidad de las obras y que apuntan a un beneficio por parte de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, adjudicataria de las obras, a costa de sobrecostes pagados por la Autoridad Portuaria.

El informe de la Fiscalía que ya estudia el instructor del Tribunal de Cuentas, cuyo contenido fue revelado ayer por "El País", señala "la existencia de indicios de responsabilidad contable", según desvela ese mismo medio. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas había requerido a El Puerto de Gijón albaranes y tiques relativos a 400 días, en base a los cuales han realizado su informe. Según el mismo, las empresas Dragados (de ACS), FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas, que formaban la UTE "Dique Torres", se beneficiaron irregularmente de contratos. Por ejemplo, de un convenio firmado con la Fundación Empresa Universidad de Granada para un proyecto de investigación.

Según revela El País, el informe fiscal explica que hasta febrero de 2006 el pago del convenio lo abonó la UTE a la Universidad de Granada "conforme a los precios pactados, con un 19% de deducción", pero a partir de marzo de 2006 las cuantías variaron y "lo abonado por la Autoridad Portuaria a la UTE tenía un importe un 19% superior al pagado a la Fundación". Dicho de otra forma, el Fiscal estima que la UTE se benefició de 124.000 euros "en su condición de intermediario en los pagos", pagando a la Fundación menos de lo que le abonaba el Puerto de acuerdo al convenio.

No se olvida el informe fiscal de los materiales de las canteras y destaca "la alteración, por incremento, de los precios previstos, que no se ajustan a lo pactado en el contrato de adjudicación". Detecta muchas partidas con sobrecoste, algunas de hasta 133.000 euros. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas advierte también de que el presupuesto inicial para seguridad y salud era de 951.000 euros, cantidad que en mayo de 2011 se incrementó a 1,4 millones.

Este proceso del tribunal fiscalizador es paralelo al iniciado en la Audiencia Nacional y derivado luego a los Juzgados de Gijón.

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