Una nueva sentencia vuelve a dar la razón a Vigo en el litigio que mantiene con Porriño por el abastecimiento de agua desde la presa de Eiras. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso del concello de la comarca de Louriña y avala el derecho del ayuntamiento olívico a cobrar una deuda de más de dos millones de euros por distintos conceptos relacionados con las inversiones realizadas en infraestructuras del servicio desde 1991 y el mantenimiento y vigilancia del embalse.
La sentencia refrenda otras dos del Juzgado de los Contencioso número 1 de la ciudad y se pronuncia en los mismos términos que el TSXG en febrero de 2015. Hasta ese fallo de hace un año existían resoluciones judiciales opuestas, ya que el Juzgado de lo Contencioso número 2 había dado la razón en otro procedimiento a Porriño, que recurrió con éxito varios recibos que le envió el ayuntamiento olívico.
El TSXG ratifica, como válido para sostener el derecho de cobro de Vigo, el acuerdo plenario de 1998 que fijó los términos de cobro a los municipios del entorno suministrados desde Eiras. Este establecía las tarifas por el consumo a Redondela, Nigrán, Moaña, Cangas y Soutomaior, y diferenciaba el caso de Porriño, ya que es copartícipe de la concesión administrativa del embalse, que entró en funcionamiento en 1969. Así, a la villa de Louriña se le facturaría en concepto de gasto "proporcional" en el mantenimiento de la infraestructura y las inversiones de mejora.
La sala de lo Contencioso número 2 falló que Vigo no podía determinar unilateralmente los precios, y debía haberse firmado un convenio entre los dos concellos para regularlos. Sin embargo, las sentencias del juzgado número 1 y las del TSXG consideran el acuerdo plenario un instrumento válido a falta de otro de carácter bilateral. En este sentido los jueces suscriben que la resolución fue comunicada a Porriño sin que la impugnase. "Es un acto firme y consentido", apuntan.
Además el Concello le dio validez de facto ya que representantes municipales aceptaron el desembolso en 2009 en una reunión con responsables vigueses, y posteriormente Porriño abonó ocho facturas por un importe conjunto de 157.000 euros hasta 2012. A partir de ahí dejó de pagar y recurrió los recibos siguientes en los tribunales con desigual éxito.
Responsabilidad compartida
El TSXG resuelve que "existe una responsabilidad de ambos concellos en la asunción de costes en proporción a su participación en el origen de esos gastos". Lo idóneo habría sido fijarlos de mutuo acuerdo tras los informes técnicos y económicos pertinentes, refleja la última sentencia. Como esto no ocurrió, el Concello de Vigo los fijó unilateralmente, y la sala concluye que esta vía tiene "plena eficacia" al haberla asumido Porriño, tanto al no oponerse en tiempo y forma como al pagar varios recibos. Además, aunque la localidad no impugnó el acuerdo plenario, sí lo hizo Cangas al rechazar la tarifa que se fijaba para el municipio morracense, y los tribunales dieron la razón a Vigo: el TSXG en 2003, y el Supremo en 2009.
Dejar la solución a la firma de un convenio significaría depender de la voluntad de una de las partes, señalan los jueces, con lo que no se repartirían los costes en caso de negarse Porriño.
Pese a que en los últimos años el conflicto por la deuda del agua se ha dirimido en los tribunales, fuentes del gobierno vigués señalan que existe voluntad por ambos concellos de llegar a una solución negociada. "Hay conversaciones para establecer un plan de pagos", aseguran al respecto desde Praza do Rei. De esta forma se darían facilidades al municipio vecino para que se pusiese al día.
Tras el acuerdo de 2009 la Concejalía de Economía de Vigo fijó un recibo bimensual a pasar a Porriño de 28.402 euros, sumados los conceptos de recuperación de la inversión en obras, conservación y vigilancia. El concello vecino pagó ocho recibos y en 2013 el gobierno local de entonces decidió recurrir ante la Justicia.
