Vigo ha sido la primera ciudad de Galicia y una de las más tempraneras en España en aprobar definitivamente el presupuesto municipal de 2016, que asciende a 225,9 millones y estará vigente a partir del 1 de enero tras un año con las cuentas prorrogadas. El gobierno socialista lo ha sacado adelante en solitario con su holgada mayoría absoluta de diecisiete concejales (ayer dieciséis al faltar Ángel Rivas), mientras que los siete ediles del PP y los tres de Marea votaron en contra tras un tenso y bronco debate marcado por los cruces de acusaciones entre el PSOE y los populares a raíz de la anulación del Plan Xeral; y con las protestas de fondo de un grupo de ambulantes que reclama la reapertura de los mercadillos, suspendidos hace un mes y medio.
Caballero posaba para las cámaras con su equipo antes de salir del salón de plenos celebrando que "Vigo es la primera ciudad de España con presupuestos para 2016". Los socialistas los han aprobado sin concesiones a la oposición, hecho sin precedentes al necesitar en los dos mandatos anteriores de apoyos. Desde que Caballero llegó a Praza do Rei sacó adelante seis con apoyo del BNG y el último, en 2014, con el respaldo del PP. Al de ayer se presentaron, además de las 40 enmiendas de los populares, 17 escritos de alegaciones. Todos fueron desestimados.
El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, defendió el "marcado carácter social" de las cuentas, superiores en un 2,7% a las de 2015, y citó algunos datos: "crecen un 7,8% en educación, un 12,9% en deporte, y un 108% en inversión, Vigo tiene además deuda cero,". "De cada cien euros, 75 van dedicados directamente a los ciudadanos", añadió. Caballero calificó después de "espléndido" el presupuesto, destacó que la aprobación "pone de relieve la estabilidad política en Vigo", y cifró en 3.000 los empleos que se crearán con los programas municipales y con las obras públicas, especialmente las humanizaciones. Afirmó además que "Vigo es la ciudad con la presión fiscal más baja de Galicia".
Muñoz sostiene que las cuentas "no son las de los vigueses, sino las del PSOE, y están hechas a mayor gloria del alcalde". La portavoz del PP tildó a los socialistas de "prepotentes" por no aceptar ninguna enmienda y asegura que las cuentas "no gustan ni a las entidades sociales, ni a los jóvenes, a los que dedica una cantidad irrisoria para empleo, ni al sector comercial, ni a los vecinos del rural".
Además, mantiene que la sentencia que anuló el Plan Xeral impedirá cumplir las previsiones de ingresos por IBI, al pasar el urbanismo vigués a regirse por el PXOM de 1993, lo que convierte en rústicas fincas a las que el Plan de 2008 daba la condición de urbanas. "Ha ocurrido algo extraordinariamente grave y tendrán que modificar el presupuesto", recalcó.
Este último extremo fue negado por Aneiros, quien sostiene que "la incidencia de la sentencia sobre los ingresos será nula". También el alcalde lo descartó y calificó de "error de bulto" la afirmación, señalando que el valor catastral está fijado siguiendo el Plan de 1993 y llegando a afirmar que Muñoz "debería pensar en presentar su dimisión por generar alarma en la ciudad con datos erróneos".
Con la intervención de la portavoz del PP se calentó el debate. La mecha se prendió cuando la edil se dirigió a Carmela Silva para decir que debería votar en contra del presupuesto "porque está lleno de subvenciones nominativas", en alusión a que la presidenta de la Diputación hace bandera en la institución provincial de que las ayudas ahora se convocan por libre concurrencia. A partir de ahí ambos grupos se enzarzaron en un intercambio dialéctico en el que los socialistas aseguraron que los populares "acabarán en cero concejales" y ambas partes se acusaron mutuamente de "dar vergüenza".
Marea no llegó a presentar enmienda alguna al defender que las cuentas deberían reelaborarse íntegramente. "Este gobierno ignora al tejido social", criticó Rubén Pérez, quien niega que el de Vigo sea el presupuesto con mayor gasto social de España y se refirió al cambio en la ley catastral que obliga a dejar de considerar urbanas las fincas urbanizables sin desarrollar. "Esperemos que por lo menos se les devuelva el dinero a las personas afectadas", indicó.
Entre las alegaciones había una del sindicato SICO, mayoritario en el Concello, que demandaba partida para chalecos antibalas de la Policía Local; otra para inversiones en el rural; y convenios con entidades vecinales.
Bronca por el PXOM
El pleno tenía un único punto, la aprobación del presupuesto municipal, pero el Plan Xeral anulado por el Supremo al carecer de evaluación ambiental estratégica ocupó un lugar central en el debate y desató una fuerte tormenta política en un clima preelectoral. El PXOM será analizado en un pleno monográfico el día 22 a petición del PP.
Muñoz cargó contra el gobierno local, al que culpa de la sentencia, achacándola a que la Xunta bipartita "paralizó" el Plan cuando gobernaba Corina Porro. "Hay concejales aquí que participaron en esa decisión tutelada por el alcalde", indicó, en alusión a María Xosé Caride, conselleira de Política Territorial con aquel gobierno autonómico. Y agregó la portavoz popular: "Han hecho retroceder a la ciudad más de veinte años. Han ido corriendo a los brazos de la Xunta y culpan a todo el mundo menos a aquel que paralizó el PXOM". También lanzó una pulla al hilo de la aprobación presupuestaria: "Brindarán con champán igual que con el Plan que ha sumido la ciudad en el caos".
No se quedaron atrás los socialistas. Carlos Font acusó al PP de defender "un PXOM basado en la corrupción generalizada y la especulación", recordando que el PSOE duplicó la vivienda protegida. "Ustedes deberían asumir esa sentencia. Es responsabilidad de la Xunta", recalcó.
