Cambiar calendarios de exámenes y horarios de clases, fijar un criterio sobre el número máximo de créditos matriculables o regular las huelgas. Son algunos de los derechos estudiantiles que deben estar garantizados a través de normativas que todavía brillan por su ausencia en el sistema de Bolonia a pesar de estar implantado de forma generalizada desde hace 5 años. Los delegados de la Universidad de Vigo se enfrentan a un curso de trabajo intensivo para avanzar e influir en la elaboración de varios de estos documentos que afectarán al día a día de todos los alumnos: los nuevos Estatutos, los reglamentos de Estudiantes y de Evaluación y la Normativa de Permanencia.

"Podría ser un curso histórico en cuanto a conquista de derechos. Nos jugamos mucho no, muchísimo", subraya Miguel Diéguez, estudiante de Ciencias Jurídicas y miembro del Claustro y de la comisión para la reforma del Estatuto. Él calcula que si no acabado, el documento debería estar "avanzado" antes de que finalice el periodo 2015/16.

También Santiago y A Coruña deben hacer esta modificación para adaptarse a la nueva ley gallega de universidades, pero en Vigo, apunta Diéguez, los alumnos han ganado peso tras las últimas elecciones al Rectorado de 2015. "Los estudiantes estamos muy unidos y preparados, las fuerzas están repartidas entre el profesorado a favor y en contra de Salustiano Mato, lo que nos llevaría a nosotros a desempatar en caso de polarización, y existe una obligación para modificar los Estatutos. Todo se ha alineado a nuestro favor", destaca.

"Con Bolonia se empezó a construir la casa por el tejado y arrancó sin normativa. Ahora toca hacer este marco porque estamos en una situación de inseguridad jurídica. Nuestros derechos no están reconocidos. Nosotros somos la primera generación Bolonia en el Claustro", apunta Luis González, alumno de Ingeniería Informática que compatibiliza presencia en este órgano representativo con el Consello de Campus de Ourense, el Consello de Goberno y varias comisiones.

La Universidad debe pues fijar nuevas reglas para "nuevos conceptos". "Antes los alumnos tenían derecho a examen. Ahora la evaluación es continua, pero este derecho debe ser reescrito. Tampoco se ha establecido cómo calificar a un estudiante que en una asignatura partida saca un 7 y un 1. No es lo mismo que se haga la media o que se mantengan ambas notas para aspirar a una beca del ministerio. Y hasta ahora esto es una decisión de cada profesor", ejemplifica González.

A pesar de su importancia, la mayoría de los universitarios desconocen estas normas. "El gran problema de España es que carecemos de tradición democrática y no se trata solo de ir a las urnas cada 4 años. Mucho alumnos no saben que sus representantes podemos votar sobre el calendario y los exámenes. Creen que vienen impuestas. La primera vez que recurrimos al Estatuto para cambiar unas fechas de revisión tanto el decanato como los estudiantes se quedaron sorprendidos porque nadie lo había hecho antes", relata Diéguez.

"Los estudiantes conocen las normativas cuando les causan algún problema", reconoce González. Ambos delegados apuntan además a las dificultades que conlleva la representación universitaria para explicar que en esta legislatura solo se hayan ocupado 49 de las 75 plazas destinadas para ellos en el Claustro. "Bolonia ha sido la muerte del movimiento estudiantil porque no te concede tiempo para compaginar tu carrera. Y la subida de tasas tampoco ha ayudado, la gente no puede arriesgarse a suspender", lamenta Diéguez.

"Es complicado estar informado y a veces te llegan los documentos con muy poco tiempo para proponer cambios. Antes te daban créditos de libre elección pero han desaparecido en Bolonia y, en mi caso, por ejemplo, mucha veces tengo que desplazarme desde Ourense para participar en reuniones en Vigo los lunes a las 9 de la mañana", revela González.

A pesar de todo, han logrado que el rector se comprometiese ante el Claustro a modificar la normativa de permanencia, que se traducía, entre otros agravios, en que los alumnos con suspensos se pudiesen matricular en más asignaturas que los que aprobaban el curso o que los estudiantes vigueses gozasen de menos convocatorias que los de otras universidades.

Logros y batallas

"Fue un gran triunfo, pero tardamos año y medio en poder llevar el problema a una sesión. Da una idea de lo que cuesta arreglar algo y, a veces, el equipo de gobierno no es consciente de la proporción de afectados. Ahora tenemos una batalla contra la Xunta porque nos obliga a pagar la misma matrícula por materias que ya no tienen docencia. Es una injusticia que probablemente llevaremos al próximo Claustro", señala González.

Miguel Diéguez subraya avances recientes de la institución como el pago en 6 plazos o las ayudas de emergencia, pero lamenta que Mato esperase a su segundo mandato para ser "más democrático". También destaca el talante receptivo de la vicerrectora de Estudiantes, Dolores González. "El balance en general no es malo", evalúa.

Los delegados en el Claustro se eligen cada 2 años -habrá elecciones en 2016- pero los estudiantes quieren que los nuevos reglamentos contemplen que cada vacante se cubran con el siguiente estudiante de la lista o que se celebren elecciones en el centro. En las comisiones también se debate en estos momentos si dotar de más atribuciones a los consellos de campus o que los centros ganen capacidad de actuación frente a los departamentos.

Los nuevo estatutos puede ser además la puerta de entrada a un consejo de estudiantes que permita a Vigo estar presente en los foros nacionales. "Es surrealista que Galicia nos automargine de la coordinación con el resto del país. Un consejo propio nos daría una voz unitaria ante el Gobierno central, la Xunta y los concellos", explica Diéguez.