El juez Javier Gómez Bermúdez acaba de solicitar a la Autoridad Portuaria de Gijón que le aporte documentos -en concreto, el expediente administrativo- relativos a la contratación de la obra de ampliación del "megapuerto" de El Musel. El magistrado solicita además que se certifique "quienes eran los miembros de la Autoridad Portuaria y del Consejo de Administración, así como de Puertos del Estado" durante la construcción de dicha infraestructura. La petición de Gómez Bermúdez se enmarca en las pesquisas del sobrecoste de El Musel, cuyas obras arrancaron por 499 millones de euros (IVA excluido) y terminaron costando 710 millones. Ese desfase entre la inversión estimada y la real es sin embargo, inferior al de Punta Langosteira, proyectó que se que se adjudicó por 370 millones de euros y ya tiene presupuestado el doble.
La identificación de los cargos es una de las cinco diligencias que ordenó el magistrado para esclarecer la "naturaleza y circunstancias" de las supuestas irregularidades en la contratación y obra de la ampliación del puerto de El Musel, que ahora investiga la Audiencia Nacional tras las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de una asociación vinculada a Podemos.
Gómez Bermúdez también ha solicitado a la Intervención General de la Administración del Estado que le remita los informes y resoluciones de la UE sobre la obra y que designe a dos de sus interventores para que analicen "el expediente administrativo de contratación" de la obra. Diferentes colectivos, como Manos Limpias y Ciudadanos por Asturias ya han avanzado su deseo de participar en la causa.
El puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira y el de El Musel en Gijón comparten cuatro grandes características: sus gigantescas dimensiones, impacto medioambiental, viabilidad cuestionable y la millonaria inversión pública que han requerido. En este último aspecto el "megapuerto" de A Coruña supera sin embargo al asturiano. La ampliación de El Musel arrancó con casi 500 millones de presupuesto y terminó costando 210 más. Langosteira sin embargo se adjudicó en 370 millones y ya tiene presupuestado el doble. La obra herculina no estará finalizada además hasta 2018, con lo que los cálculos más optimistas elevan el coste total del descomunal dique del Norte -con actuaciones adicionales, como las conexiones por tierra- en mil millones de euros.
El abultado sobrecoste de El Musel -construido, en parte, con fondos procedentes de la Unión Europea (UE)- ha llamado de hecho la atención de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF). Un informe demoledor de ese organismo concluye que, en el caso de El Musel, "no ha sido posible determinar la cantidad de materiales que han sido empleados y que no se ha efectuado control alguno del origen ni de las cantidades, ni del precio de los materiales pétreos facturados".
