El gobierno vigués formaliza su recurso contra la sentencia del 4 de septiembre que le obliga a retirar la Cruz del Castro y advierte que "el fallo es totalmente desacertado en cuanto considera que la finalidad que inspiró su construcción aún se corresponde con la transmisión de valores propios del modelo falangista". De forma reiterada a lo largo de 16 páginas, los jurídicos municipales sostienen que una vez retirados los elementos accesorios "no es más que una simple cruz". "Una cruz latina no conmemoria ni enaltece nada por sí misma. Serán los ornatos e inscripciones asociados los que puedan atribuirle una simbología", prosigue el argumentario municipal.

El recurso entiende que el juzgado incurre "en diversos errores que le hacen llegar a una conclusión equivocada" . El primero es que sostenga que no se modificó su sentido ideológico con el acuerdo plenario de 1981 al que el gobierno vigués otorga "valor transcendental de reconciliación" y que le llevan a sostener que "ha desaparecido la carga simbólica fascista originaria" que se respalda con la retirada de las inscripciones, el sarcófago y las coronas de laurel en bronce que la acompañaban.

Aquí se produce uno de los puntos de fricción. El fallo del Contencioso-Administrativo 2 de Vigo concluye que la eliminación de esos añadidos no es total y la administración ofrece retirar las figuras de un marino y un soldado y los emblemas en bronce de los tres ejércitos que están a una distancia de unos 30 metros de la cruz y que no considera parte del conjunto.

El gobierno refleja por vía judicial las tesis que ha mantenido en público e informa con detalle al juez de las medidas adoptadas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, como la creación del Jardín de la Memoria, el homenaje cada 27 de agosto a los alcaldes fusilados, el cambio de nombre de calles, la retirada de símbolos en las iglesias o la decisión de autorizar a la Asociación pola Memoria Histórica do 36 a emplazar en el propio Monte do Castro en 2010 un monolito por los 136 asesinados.

Respecto a la morfología de la cruz, como avanzó FARO, el recurso sostiene que se trata de una cruz latina de líneas rectas sin adornos que "no es patrimonio exclusivo de ninguna ideología", y se apoya incluso en las consideraciones del perito de parte de los demandantes. aunque la clave está en que el gobierno vigués considera que el derribo resulta "desproporcionado y contrario a los criterios seguidos por la comisión técnica de expertos de la Ley de Memoria Histórica", incorporando al recurso parte de su doctrina: "Se ha recomendado mantener los vestigios que representan elementos que por sí mismos no muestran exaltación de la Guerra civil y la Dictadura". Vigo esgrime que entra dentro de este supuesto y argumenta que "el elemento de exaltación tiene que ser objetivamente apreciable y evidente a través de algún emblema, escudo o símbolo inequívoco".

Por último, el Concello insiste en que la Cruz del Castro "está incorporada a la ciudad una vez desprovista de símbolos fascistas. No existe un sentimiento generalizado de que sea de exaltación del franquismo", para luego esgrimir dos sentencias de Cuenca que obligan a mantener en un caso, y en otro a restituir en su ubicación original, dos cruces denunciadas en los tribunales.