El impago de pensiones, especialmente en el caso de menores tras una separación o divorcio de sus padres, se aleja en los juzgados de la vía civil para intensificarse en la vía penal que, además del cobro de las cantidades adeudadas, conlleva una condena de privación de libertad. Aunque los delitos vinculados con las relaciones familiares han bajado porcentualmente en los últimos años en Vigo, la Fiscalía propone una reforma legislativa que proporcione procedimientos de mediación penal reparadora, de forma que se habiliten fórmulas para propiciar el cobro de las deudas debidas y así, eludir no solo la punición sino el procedimiento penal y frenar los numerosos casos que llegan a juicio.
En un solo año, la Fiscalía tramitó en toda la provincia de Pontevedra 132 delitos por abandono de familia, 598 por impago de pensiones y otros 18 por abandono de niños, según la memoria correspondiente a 2013. En Vigo, en los seis primeros meses de este año se registraron 71 casos de delitos contra las relaciones familiares.
El Ministerio Público sostiene que "es evidente que la mayor incidencia de estos delitos se deriva del fracaso de las medidas civiles en los impagos de pensiones, que en la actualidad quizás encuentren una justificación en la crisis económica". La nueva regulación de las relaciones familiares, añade, "ha producido un adelanto de las barreras punitivas, alejando estos ilícitos de soluciones civiles y, desde este punto de vista, es el reflejo de la sociedad que acude en estos impagos a las vías penales en la creencia de que son más rápidas para solucionar un problema tradicionalmente reservado al orden jurisdiccional civil".
Pero con ser este tipo de delitos los que más recurren a la vía penal, la Fiscalía tramitó también en el último año -a nivel provincial- 240 casos por quebrantamiento de los deberes de custodias y once causas por sustracción de menores. Además, se investigan 9 casos de inducción de menores a abandonar el domicilio familiar y 13 casos de entrega indebida del menor.
Menores "mendigos"
En los juzgados se investigas también cinco casos de utilización de menores para dedicarlo a la mendicidad. Como forma de infracción de los deberes familiares se registraron dos casos de determinadas conductas de no escolarización, siempre tramitadas inicialmente como diligencias de investigación.
