Las administraciones que promueven la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) -Autoridad Portuaria, Zona Franca y Xunta- han decidido buscar una solución amistosa con los afectados a los que expropiaron un millón de metros cuadrados de suelo inicialmente incluido en el proyecto empresarial, y apartado en 2010 al determinar el Tribunal Supremo que esos terrenos tienen la condición de forestales protegidos. El acercamiento se produce dos semanas después de que las tres instituciones agotasen sin éxito la vía legal para que la Justicia declarase que no están obligadas a devolver los terrenos a los antiguos dueños, alegando que las parcelas perdieron su valor ecológico al deforestarse con las obras. El Supremo, en una sentencia del pasado 28 de marzo, desestimó su recurso de casación y ratificó dos resoluciones anteriores en el mismo sentido del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El representante jurídico de las administraciones estableció hace unos días contacto con la Asociación de Afectados por la Plisan, según confirma su presidente, Alejandro Rodríguez, para negociar un acuerdo indemnizatorio que zanje el conflicto y permita a las tres instituciones mantener la propiedad. El abogado del Estado les formuló una oferta, que el colectivo prefiere no desvelar, y ambas partes quedaron emplazadas a una reunión después de Semana Santa, "Quisieron poner el carro delante de los bueyes por la vía judicial para pagar una indemnización menor y el TSXG y el Supremo se lo denegaron", afirma Rodríguez.

Aunque esas parcelas, más de un millar, han dejado de formar parte del ámbito de la Plisan -también llamado Puerto Seco-, las administraciones quieren conservarlas y aspiran a reincorporarlas en el futuro al proyecto, ya que consideran que han perdido su valor ecológico tras el movimiento de tierras realizado.

Los expropiados cobraron el importe de la tasación inicial, pero no, según expone Rodríguez, la diferencia con el precio que marcó después el Jurado de Expropiación de Galicia, que elevó en casi dos euros el metro cuadrado. Por ello, a la indemnización por ocupación indebida -que puede llegar al 25% del valor de los bienes- se sumaría esta diferencia.

La Plisan, a caballo entre los municipios de As Neves y Salvaterra, junto a las vías ferroviarias del corredor del Miño, sigue sin desarrollarse más de una década después de iniciarse el ambicioso plan. El Supremo anuló hace cuatro años el proyecto sectorial, en respuesta a un recurso de una asociación vecinal, por incluir un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable de protección forestal. La Xunta aprobó un nuevo proyecto excluyendo esas parcelas para salvar la Plisan y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avaló el cambio en 2012 frente a nuevas demandas judiciales.

La anulación del proyecto sectorial podría implicar indirectamente la invalidez del proceso expropiatorio de ese millón de metros amputados a la Plisan. Xunta, Zona Franca y Puerto recurrieron al TSXG para que declarase que las administraciones no tienen la obligación de devolver las parcelas, ya que han sido deforestadas, y pidió que la instancia judicial fijase la indemnización. El TSXG rechazó estos argumentos y el Supremo lo acaba de avalar.