El impago de la tasa judicial en el recurso de apelación puede arruinar el recorrido de la demanda de la empresa Conycase contra la resolución del Concello de retirarle las concesiones de los aparcamientos de las calles Coruña y Venezuela y de la Plaza de Fernando el Católico, que suman 1.300 plazas El Juzgado de lo Contencioso número 2, que avaló en febrero la legalidad de la decisión municipal, acaba de inadmitir en un auto la apelación de Conycase por no haber presentado el justificante de pago de la tasa fijada por ley a finales de 2012, que en este caso asciende a 800 euros.

La empresa presentó recurso contra la sentencia del mismo juzgado en la que consideró ajustada a derecho la resolución del gobierno local de marzo de 2011 en la que autorizó la transmisión de la concesión de los parkings, que ahora gestiona la empresa IC Gómez Ulla. Los estacionamientos que explotaba Conycase -empresa que pertenece al abogado Manuel Núñez, implicado en una trama de corrupción urbanística en Totana (Murcia)- habían sido subastados previamente, y la firma que instó la puja los cedió a IC. El Concello aceptó el cambio en la titularidad.

Conycase apeló la sentencia de febrero pero su escrito adolecía, según refiere el auto que inadmite el recurso, de dos defectos. De una lado la falta del depósito de 50 euros, y por otro la ausencia de justificante de pago de la tasa establecida por ley. La empresa subsanó la primera de las deficiencias, pero no la segunda. Al haber concluido el plazo otorgado para entregar la documentación que acreditase el abono de los 800 euros, el magistrado declara la inadmisión del recurso.

Las consecuencias de la resolución judicial no son menores, ya que convierten en firme la sentencia de febrero. A Conycase le queda la impugnación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), instancia en la que puede presentar un recurso de queja. En caso de no atenderse el procedimiento judicial concluirá. De ganar el litigio la compañía que gestionaba los tres parkings podría reclamar al Concello una indemnización millonaria por la retirada de las concesiones. En su recurso fijaba la cuantía en 29,7 millones de euros.