A las puertas del nuevo edificio de los juzgados, más de un centenar de funcionarios guardaban ayer un minuto de silencio en recuerdo de la paga extra de Navidad, que todos los 20 de diciembre de cada año solían ingresar en sus cuentas. Mientras tanto, en las dependencias judiciales, alrededor del 90% de los ordenadores permanecían apagados. Solo en el juzgado de guardia y en alguna sala más se registraba actividad.

El apagón informático, convocado por CCOO, UGT, CIG y CSIF, comenzó a las 11.00 y se prolongó alrededor de media hora. Uno de los servicios más afectados fue el del Registro Civil que permaneció cerrado al público, ya que todos sus empleados secundaron la protesta. A sus puertas, se alargaban las colas de pacientes usuarios. "Hoy en día, nadie se queja por un parón, la gente lo comprende", comentaban los funcionarios. Buena parte de los juzgados que tenían señalados juicios en ese intervalo de tiempo, los interrumpieron u optaron por finalizar los iniciados y retrasaron el inicio de los siguientes para sumarse a la concentración. Entre ellos, el número 2 de Contencioso, el 6 de Instrucción o el 1 de Penal. Otros continuaron las vistas. Fue el caso de Instrucción 1, ya que la sala carece de equipo informático, según explicó su secretaria. Los que no pudieron hacer el reivindicativo receso en su actividad -aunque les hubiera gustado- fueron los funcionarios del juzgado de guardia, ya que se lo impide la ley.

Bajo el lema de "Na defensa dos servicios públicos" y sin olvidar las críticas al "tasazo" o la privatización del Registro Civil, los funcionarios centraron esta vez sus reproches en los recortes aplicados por el Gobierno en sus condiciones laborales y salariales. Con sus consignas, pidieron la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Además de la retirada de la paga extra de Navidad, reprueban las rebaja del sueldo en caso de enfermedad, la reducción de los días de asuntos propios, la supresión de la mayor parte de los permisos laborales o la movilidad forzosa fuera del municipio de destino, entre otras cosas.

Lo que acabó por exacerbar los ánimos de los convocados es la amenaza de un nuevo recorte en la nómina de hasta un 7% de la que se enteraban pocas horas antes. "Si se confirma la noticia, tendremos que radicalizar las más las medidas, porque da la sensación de que los funcionarios somos unos vividores", sostenía Pablo Valeiras, responsable del Sector Justicia de Comisiones Obreras en Galicia, megáfono en mano.

Los trabajadores de los juzgados de Vigo iniciaron ya sus movilizaciones en el mes de julio, tras la publicación del real decreto de "medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". Se han manifestado, de media, una vez a la semana (con un parón en el mes de agosto) y han desarrollado diversas acciones como cortes de tráfico, una cadena humana o velatorios nocturnos. Sin embargo, no han visto atendidas sus demandas y, ahora, vuelven a temer por un nuevo recorte. "Ya no vale ser original con las protestas, ahora hay que ser más beligerante", defendió Valeiras.

Tras las vacaciones de Navidad, los sindicatos convocarán a los trabajadores a una asamblea para consensuar las acciones a desarrollar a principios del próximo año.

Los fundidos a negro en las pantallas de los ordenadores se repitieron entre las 11.00 y las 11.30 horas en los juzgados de toda España con diferente nivel de seguimiento. La escena también se repitió en otras sedes judiciales gallegas, como Pontevedra, Ferrol, A Coruña o Lugo.