El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo ha desestimado un recurso de Vitrasa contra el Concello, al que la concesionaria reclamaba una deuda de 1,32 millones de euros por déficit en la recuperación de inversiones en material móvil, terrenos e instalaciones. La empresa sostiene que el precio del billete aplicado en los últimos años, que decide el Concello en base a un cálculo en el que inciden varios factores, es "insuficiente" al alegar que se ha calculado "con un número de viajeros inferior al real". La sala niega que el Ayuntamiento haya vulnerado el pliego de condiciones del contrato y señala, entre otros fundamentos, que la concesionaria no recurrió ningún año las tarifas tras su aprobación y que la oferta con la que ganó el concurso no incluía ningún mecanismo de compensación en la revisión tarifaria del año posterior "a aquel en el que se constatase un número de viajeros inferior al previsto".

Vitrasa mantiene que la cuantía incumple las previsiones de su oferta y lo atribuye a factores externos a su gestión, entre los que cita "la evolución del número de vehículos privados, el estancamiento demográfico, la disminución de viajes por motivos de trabajo, obras masivas en las calles, remodelaciones de la red viaria, o la permisividad con la doble fila". La empresa indica que el déficit en la recuperación de sus inversiones no se le puede imputar a la compañía, sino a una prognosis "irreal" de viajeros, que sirve de base a la fijación de las tarifas.

El juez expone que la concesionaria no dispone de "un derecho absoluto e incondicionado a la completa recuperación de las inversiones en terrenos, instalaciones y material móvil" y añade que Vitrasa "no ha impugnado los acuerdos anuales de fijación de tarifas, en las que se han tenido en cuenta los costes de explotación, el margen de beneficio industrial y la amortización de las inversiones". Agrega el magistrado que la oferta de Vitrasa proponía un ajuste a la baja en la revisión tarifaria si los viajeros reales fuesen superiores a los previstos, pero "no un ajuste al alza para el caso de que fueran inferiores".

La sentencia recoge que las tarifas se ajustaron al cuadro de la oferta de la empresa y "se ha minimizado el riesgo de desajuste entre el número de viajeros previstos y reales", al punto que en 2005, 2006 y 2007 hubo superávit respecto a la prognosis y ello se tuvo en cuenta al revisar los precios. En lo que respecta al material móvil, apartado en el que la empresa reclamaba 1,12 millones, recuerda la sala que el contrato permite que al término el Concello adquiera el que se encuentre pendiente de amortización "o bien determine que el mismo sea adquirido por el nuevo concesionario", con lo que la empresa "no se verá perjudicada por dicho déficit en ningún caso". Por ello concluye que Vitrasa "carece de derecho a ser resarcida". La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior.

El fiscal abre diligencias por el bus "volador"

La Fiscalía de Seguridad Vial, coordinada por Carlos Gil, ha abierto diligencias judiciales por el caso del radar fijo que fotografió a un autobús Vitrasa a 130 km/h cuando circulaba por la Carretera de Valladares, tal y como adelantó FARO. Todo apunta a que se trata de un error en el cinemómetro, puesto que en la imagen se aprecia el vehículo con pasajeros y a una velocidad casi inalcanzable para un autobús, pero a la vista de las pruebas será necesario investigar los hechos y determinar si existe algún problema. Para esto, el rádar ha sido enviado a Madrid con el objetivo de hacer estudios que determinen si su funcionamiento es correcto. En caso negativo, se archivarían las diligencias. La Policía Local revisó la semana pasada la operatividad del cinemómetro y afirmó que existía "una sospecha razonable" de que los errores se producen únicamente con autocares de la concesionaria del transporte urbano en Vigo. Se han dado también casos en el País Vasco en los que se determinó que los radares fallaban a la hora de tomar fotografías a vehículos largos como autobuses o caminones.