Las peticiones que destina el Concello para ayudas de emergencia social aumentaron un 15 por ciento con respecto a 2011 y suponen ya una media de 10.000 euros mensuales. Así lo manifestó ayer Isaura Abelairas, concejala de Bienestar y quien, asimismo, denunció que la Xunta mantiene paralizadas desde noviembre las solicitudes de Risga –Renta de Integración Social de Galicia– a pesar de tener el visto bueno del consistorio. Según los servicios sociales del ayuntamiento, más de 370 personas están esperando desde noviembre la respuesta de la Xunta a su petición –79 solicitudes se realizaron en noviembre, 128 en diciembre y 165 en enero–. "Es inmoral que ni siquiera contesten porque, además, tienen la obligación de asistirlos", lanzó la edil.
Buena parte de las peticiones de ayudas de emergencia se corresponder con estas personas que, teniendo derecho a la Risga según las asistentas sociales municipales, no están cobrando debido a su paralización por parte de la Xunta –quien tiene que dar el visto bueno definitivo–. Así, la comisión de valoración de las Unidades de Trabajo Social del Concello, que se reúne cada viernes, aprueba una media de 10.000 euros semanales para alrededor de medio centenar de personas en riesgo de exclusión. Los conceptos oscilan entre gastos para fármacos, recibos de luz, agua, alquileres... . "Estamos en una situación preocupante y dramática", criticó Abelairas, al tiempo que invitó a la Xunta "a ponerse las pilas". "Es un insulto decir que la demanda bajó cuando tenemos demostrado que ha ascendido un 15%".
Por otro lado, la concejala de Bienestar denunció también que la Xunta rebajó en casi 300.000 euros su dotación al Plan Concertado mediante el cual se realiza la ayuda a domicilio o el plan de minorías étnicas. "Es un Plan en el que Concello, Xunta y Ministerio participan en un 33% pero que actualmente asume en un 60% el Consistorio", indicó. Además, reprochó a la administración autonómica que "haya eliminado una subvención para contratación de personal en las unidades de trabajo social por valor de 23.000 euros".
La Oficina de Dereitos Sociais de Coia, compuesta por una decena de voluntarios y con local en los bajos del Cristo de la Vitoria, denuncia que semanalmente reciben a personas pendientes de cobrar la Risga. "La demora llega a los ocho meses, cuando no debería sobrepasar tres", dicen. Por este motivo, iniciarán una campaña especial de denuncia. "Personas que reciben ayudas como la Risga no pueden cobrar al mismo tiempo prestaciones para alimentos porque han endurecido los requisitos", reprochan.
La Consellería lo niega
Sin embargo, la Consellería de Traballo e Benestar rechazó ayer tajantemente que la Risga esté paralizada y replica a la concejala viguesa que, en lo que va de año, se han dado más de 250 altas en la zona de Vigo y Pontevedra. Fuentes de la consellería aseguran que las tramitaciones "en absoluto" están paralizadas y que se han dado un total de 402 nuevas altas en lo que va de año en toda la comunidad gallega. De ellas, según insisten, más de 250 se corresponden a la Jefatura de Pontevedra y Vigo. Las mismas fuentes indican que en los meses de enero y febrero de este año también se han efectuado pagos de estas ayudas de integración social.
