La Xunta de Galicia, propietaria de la estación de autobuses, sometió a examen estas instalaciones a raíz de las denuncias formuladas por empresarios y usuarios de la terminal sobre su deficiente estado –publicadas por FARO el 29 de mayo– y detectó un total de nueve anomalías referidas a su mantenimiento. En consecuencia, la Dirección Xeral de Mobilidade manifestó a este periódico que se reunirá "seguramente esta semana" con la empresa gestora, el grupo Avanza, "con el objetivo de presentarle el contenido de la auditoría realizada y plantear un programa de actuaciones para subsanar las averías y la falta de mantenimiento detectadas".

Según las mismas fuentes, en caso de que no se corrijan las deficiencias, la Xunta procedería a la apertura de un expediente sancionador a la empresa. Tal y como establece el Baremo Sancionador del Ministerio de Fomento, el incumplimiento de las condiciones del título concesional se califica como "falta grave", por lo que la cuantía de la sanción inicial se sitúa entre los 401 y los 1.000 euros.

"En los primeros contactos que hemos tenido con ellos para trasladarles este problema se ha comprobado una actitud colaboradora", explicaron desde Mobilidade. La postura de la Xunta frente al problema es similar, ya que asegura que "lo que queremos es resolver el problema cuanto antes y esperamos no tener que llegar a la multa", por lo que las necesarias mejoras en las instalaciones de la estación de Martínez Garrido podrían aplicarse tras el encuentro entre ambas partes.

Si se diese la situación de que la gestora no cumpliese con el acuerdo y fuese sancionada, se repetirían las inspecciones y, en caso de que las carencias persistiesen, la cuantía de la multa se elevaría hasta los 1.500 euros, en función de lo establecido en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. El código también recoge que las sanciones son acumulables y que si bien la reiteración de las sanciones no conlleva el rescate de la concesión –reservado para supuestos "más graves"–, la Xunta podría rescindir el contrato a Avanza por incumplimiento del mismo.

Reformas

El informe derivado de la inspección realizada a finales del mes de mayo por la Xunta, enumera una larga lista de deficiencias que "saltan a la vista". De hecho, la relación de desperfectos y averías que deben ser enmendados supone el arreglo casi integral de las instalaciones, tanto en el exterior como en el interior de la terminal, el vestíbulo y la zona de andenes.

Por un lado, considera necesaria la puesta en funcionamiento de las escaleras mecánicas de acceso a la dársena y de uno de los ascensores que también se encuentra inoperativo, obligando a los pasajeros a cargar con su equipaje para desplazarse entre el recibidor y los andenes. El documento también hace referencia a la "escasa iluminación y el olor desagradable" en esta zona de espera de los autocares, donde los asientos de plástico están "muy deteriorados". Además, refleja que los espacios reservados para el estacionamiento carecen de tacos de frenado.

Tanto en la dársena como en el recibidor y al igual que lo hicieron tanto usuarios como comerciantes, la inspección detectó "cierto aspecto de abandono, motivado por la falta de limpieza de cristaleras, falso techo envejecido, pérdidas de pintura, locales vacíos, pintadas y vandalismo". Por otro lado, como denunciaron las empleadas de la empresa Monbus en mayo, la auditoría percibió que las conducciones interiores de zinc están oxidadas, por lo que "presentan filtraciones, dando lugar a problemas eléctricos, eflorescencias en pilares y deterioros en la estructura metálica".

El informe también recoge los problemas de exhibicionismo que se suceden en los servicios de caballeros y que ya fueron denunciados en el año 2008. En este sentido, el examen determinó que los "problemas relacionados con la prostitución" siguen ocurriendo, además de los robos esporádicos, "a pesar de que la zona se encuentra vídeo vigilada".

Ingresos

Cuando Mobilidade procedió a realizar la auditoría a la estación de autobuses, hace un mes y medio, recordó que, a pesar de que la Xunta es la propietaria de la terminal, "labores comunes como la limpieza de la propia estación, el pintado de sus fachadas o el mantenimiento de las instalaciones, como puertas de acceso o escaleras mecánicas, son actividades cuya responsabilidad corresponde al concesionario, que percibe unos ingresos para poder desarrollarlas". Estas retribuciones proceden del coste de los billetes –del que Avanza se hace con un porcentaje–, el alquiler de los locales comerciales situados en la terminal y los espacios destinados a la publicidad, que en el caso de la estación viguesa están en desuso.