La amenaza de derrumbe de un edificio abandonado de la calle Alfonso XIII sembró ayer el caos de tráfico en el centro. La voz de alarma saltó pasadas las diez de la mañana. Una vecina que transitaba frente al inmueble número 36 alertó a la Policía Local de un estruendo. Los agentes se personaron junto a una dotación de bomberos y comprobaron la existencia de varias grietas verticales de más de diez centímetros de ancho entre este bloque y el colindante. Ante el mal estado de la vivienda, la patrulla demandó la presencia urgente de los técnicos de Urbanismo, que ordenaron acordonar la zona y cortar la calle ante el "peligro inminente" de que la fachada cayera sobre la vía pública. "Hay un agotamiento generalizado de los elementos fundamentales de la estructura, por lo que estamos ante un caso de ruina técnica con peligro de colapso inminete", informaron.
La Policía prohibió el acceso a Lepanto, lo que obligó a desviar el intenso tráfico de Gran Vía por Urzáiz. Temporalmente se impidió a los conductores llegar hasta la entrada de la autopista AP-9 y a la estación de tren. Esta situación, que se demoró cerca de cuatro horas, colapsó el "corazón" de la ciudad. Otras arterias principales, como Venezuela, también sufrieron las retenciones.
El concejal y la gerente de Urbanismo, José Mariño y Julia Chamosa, examinaron in situ el inmueble y ordenaron su demolición. El alcalde, Abel Caballero, y el teniente de alcalde, Santiago Domínguez, se personaron también en la zona.
La vivienda tiene casi un siglo de antiguedad y presume de 580 metros cuadrado. Está dividida un semisótano, planta baja, primera y bajo cubierta. Según fuentes municipales, la empresa propietaria –Gestiones Urbanísticas y de Negocios S.L.– se hará cargo de la demolición a partir de hoy.
Ésta no es la primera vez que se ordena derribar este edificio. La comisión de gobierno lo declaró en ruinas en julio de1996 y ya entonces exigió su demolición. El inmueble cambió de propietaria en los últimos años sin que se llegara a ejecutar el mandato.
La promotora pidió en 2007 permiso para demolerlo. Pero su inclusión dentro del Catálogo de Edificios, Bienes y Elementos Protegidos demoró el proceso. Fuentes oficiales del gobierno local admiten que la firma no solo solicitó licencia, sino que tiene también proyecto para derrumbarlo y conservar la fachada. Las mismas fuentes explican no se les permitió derribarlo todavía porque la firma no ingresó los 87.700 euros que se le exigieron en concepto de aval que garantizara la reposición de la fachada.
Varios avisos
Los vecinos de los dos edificios colindantes aseguraban ayer que habían denunciado el peligro de que el edificio se viniera a bajo en "reiteradas" ocasiones. "En 2009 demandamos a la promotora por los problemas de humedad que se estaban causando en nuestras viviendas. Los abogados llegaron a un acuerdo y la empresa se comprometió a demoler el edificio. Fijó varios plazos, pero los inclumplió. El último que habían dado era para mayo de este año", asegura el presidente de la comunidad de vecinos del número 34, Carlos Sanjurjo.
Urbanismo ha dado una semana a la promotora para que, desde hoy, derribe el edificio. Antes, deberá marcar las piedras de la fachada para su conservación y posterior construcción.El Concello advierte a la propietaria del edificio que, de incumplir estos requisitos, se enfrenta a una sanción económica de entre 300 y 6.000 euros reiterables hasta la ejecución de las obras ordenadas.
