REDACCIÓN
El conflicto institucional entre el Concello y el Puerto ha terminado por explotar tras la sucesiva paralización de obras portuarias. La institución que preside Corina Porro presentó ayer una querella criminal contra el alcalde, Abel Caballero, y el concejal de Urbanismo, José Mariño, por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia después de que la Policía Local precintase, el pasado martes, las naves de la fruta, que se rehabilitaban para instalar una estación marítima y otras dependencias.
La querella señala que Caballero y Mariño, el concejal que firmó las órdenes, habrían actuado “de modo torticero”, e incumplieron un auto emitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado 22 de noviembre. El dictamen respondía a la petición formulada por el Concello en una demanda presentada el 25 de mayo contra la primera fase de la reforma de las naves de la fruta. En el recurso solicitaba la suspensión cautelar de las resoluciones dictadas por el Puerto para contratar tanto esta obra y su segunda fase, como la rehabilitación del antiguo edificio de rederos de O Berbés, donde Porro proyecta una pescadoteca y archivo.
El auto del 22 de noviembre expone que “el interés público derivado de las obras del caso ha de considerarse prevalente” y establece que, aunque se estimase el recurso municipal contra las dos actuaciones, “los perjuicios que se pudieran derivar de la ejecución de los actos impugnados no son irreparables, y la reposición de la legalidad urbanística es reversible”. Ya antes, el 17 de junio, el TSXG había desestimado paralizar la primera fase de las naves de la fruta, según reza la querella del Puerto.
El día 3 de noviembre Mariño había ordenado la paralización de ambas obras al sostener, en base a informes municipales, que son “incompatibles” con los usos portuarios para esas zonas. Porro remitió el 17 de diciembre una carta a Caballero en la que explicaba que el recurso municipal ante el TSXG está pendiente de litigio y que el alto tribunal incluso había denegado la suspensión cautelar. Tras dar cuenta de todas los antecedentes, advertía de que solicitó a sus servicios jurídicos “que informasen sobre las consecuencias que de todo ello se derivaba”, e instaba al alcalde a “dar las órdenes oportunas a la Gerencia de Urbanismo para que se abstuviese de intervenir en la ejecución de estas obras”. El Puerto remitió una copia a Mariño. El pasado martes, día 1 de marzo, la Policía, por orden del concejal de Urbanismo, ordenó precintar la nave de la fruta, que se encuentra en la segunda fase de obras.
FARO publicó el pasado miércoles en exclusiva el precinto tras ser alertado desde la propia Autoridad Portuaria de la intervención, una advertencia que permitió recoger el instante en el que los agentes de la Policía Local procedían a clausurar la obra en las naves de la fruta ante la presencia de responsables del Puerto.
“Ampliamente advertido”
Los letrados de la institución defienden en la querella que Caballero “no puede alegar ignorancia por los hechos, puesto que fue advertido a su debido tiempo”. Mantienen por tanto que, con el precinto del martes, habría cometido un delito de prevaricación al dictar una orden “arbitraria a sabiendas de su injusticia”, y otro de desobediencia, por “negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales”. Las penas tipificadas incluyen multas y hasta diez años de inhabilitación para cargo público.
El Puerto también cita otras conductas que considera “obstructivas y que “trasladan la duda a la existencia de motivaciones políticas respecto a las paralizaciones”. Cita el precinto de la obra de la fuente cibernética, la colocación de vallas con el logotipo de Alcaldía en los jardines de Areal antes de que la institución portuaria iniciase otra de sus obras, o incluso el hecho de que ahora no se precintase la obra de rederos pese a que están en marcha, “quizá porque no es posible su finalización antes de las elecciones municipales”, manifiesta la querella.
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